La Costa trabaja en la creación de un Observatorio Vial a través de una acción articulada con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con distintas áreas de la Municipalidad y el Concejo Deliberante local para poner en marcha esta herramienta que permita analizar y orientar las políticas públicas en la materia en base a datos y estadísticas precisas.
Para avanzar con esta iniciativa, desde la dirección de Licencias de Conducir de La Costa se mantuvo una reunión virtual con la dirección de Licencia de Conducir y Antecedentes de Tránsito de la Provincia y con la dirección de la Unidad del Observatorio y Estadísticas en Seguridad Vial de la Provincia, en la que también participó la secretaria de Ordenamiento Urbano y Protección Ciudadana, Daniela Giménez, directores de diversas áreas de la gestión municipal y concejales.
Desde la dirección de Licencias de Conducir, Silvana Fretes, se refirió al encuentro. “En dicha jornada explicamos qué es el observatorio, cuáles son sus tareas específicas, la importancia en la obtención de datos certeros para direccionar las políticas públicas destinadas a prevenir los siniestros viales, y sobre todo la institucionalización del mismo para que tenga continuidad en el tiempo”, sostuvo la funcionaria.
Por parte del gobierno de la Provincia estuvieron presentando la herramienta que impulsa la Agencia Nacional de Seguridad Vial la directora de Licencia de Conducir y Antecedentes de Tránsito, Gabriela Hidalgo Enrico, y la directora de la Unidad del Observatorio y Estadísticas en Seguridad Vial, Lucía Esposto.
El objetivo de la herramienta de gestión es la de reducir los siniestros viales a través de políticas públicas diseñadas a medida de los datos, estadísticas y cifras que se obtiene a partir de la carga y sistematización de la información obtenida de forma conjunta con los actores que intervienen ante un accidente.
En esa línea, el Observatorio promueve la labor mancomunada junto a distintas áreas e instituciones para el recabado de la información y ofrece la posibilidad de crear bases propias para reconocer los puntos de conflicto y avanzar sobre cada uno de ellos. Además, está pensado para funcionar como un primer puntapié en la materia que crezca con capacitaciones y campañas de concientización.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.