La Cámara de Senadores bonaerense sancionó esta madrugada la Ley de Financiamiento impulsada por el Poder Ejecutivo provincial para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de Coronavirus, que contempla una autorización para que la Provincia tome deuda por 500 millones de dólares y 28.000 millones de pesos.
La iniciativa, aprobada ayer en Diputados, fue sancionada esta madrugada por unanimidad en el Senado, tras haber sido consensuada entre el oficialismo y la oposición luego de intensas negociaciones de las que participaron también intendentes de Juntos por el Cambio y funcionarios provinciales.
Ayer, en una reunión que mantuvieron en el despacho del ministro de Hacienda provincial, Pablo López, los legisladores e intendentes lograron acordar el proyecto que contempla fondos extras a los municipios, para la obra pública y para afrontar pagos con los proveedores estatales de la gestión anterior.
Ayer, el diputado costero Juan Pablo de Jesús, presidirá la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Legislatura bonaerense, explicó en el recinto que el acuerdo con la oposición se contempló que esos 500 millones serán divididos en 3 créditos con destinos específicos.
Un total de 200 millones serán destinados a financiar proyectos de seguridad vial, como obras de ampliación, ensanche y/o duplicación de calzada, de rehabilitación y puesta en valor de la infraestructura existente. Otros 100 millones estarán destinados a mejorar los programas educativos y de salud y los 200 millones restantes a mejoras habitacionales y de acceso a la vivienda y a la ampliación de las redes de agua potable, cloacas y saneamiento.
El acuerdo contempló, además, el pedido de los intendentes de diferir el pago de la ayuda que el Gobierno provincial les envió para hacer frente a la pandemia y que debían comenzar a hacer desde este mes.
Por ello, se consensuó –explicó de Jesús– que los 4.500 millones de pesos que debían empezar a devolver las comunas lo harán en 18 cuotas desde enero próximo y además el Gobierno otorgará otros 3.000 millones en dos cuotas: una la semana próxima y otra en los primeros días de septiembre.
También, se acordó conformar dos mesas de trabajo que se realizarán la semana próxima, una de las cuales será por el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) 2020, donde el compromiso es comenzar a otorgar el financiamiento del anticipo del 30 % de las obras solicitadas por los municipios formalmente en condiciones.
El proyecto contempla también la emisión de un bono para proveedores por un total de 20.000 millones de pesos, que permita la cancelación de la abultada deuda que heredó la actual gestión con los proveedores de la Provincia.
Además, prevé una autorización de ampliación por hasta 8.000 millones de pesos para la emisión de Letras del Tesoro, un instrumento de financiamiento en pesos en el mercado local que utiliza la provincia de Buenos Aires.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.