A través del decreto 501/2020, el Poder Ejecutivo Nacional designó como interventor en la Administración General de Puertos (AGP S.E.) a José Beni y como subinterventora a la lavallense Marcela Fabiana Passo, quien fuera intendenta de General Lavalle entre 2011 y 2015 y diputada nacional entre 2015 y 2019.
“Con mucho amor y responsabilidad asumo como subinterventora de la Administración General de Puerto. Agradezco profundamente a Alberto Fernández, Sergio Massa y Mario Meoni por semejante gesto confianza. ¡Feliz de acompañar a José Beni en este nuevo desafío”, declaró Passo, de 43 años.
Passo, que es contadora pública y pertenece al espacio político de Sergio Massa, fue vicepresidenta de la comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios del Congreso de la Nación, desde donde impulsó las leyes 27.419 (de la Marina Mercante) y 27.418 (de fomento a la industria naval), ambas promulgadas en 2018.
Por su parte, Beni, técnico de carrera y abogado especializado en materia portuaria, ya representaba desde marzo pasado la máxima autoridad de la terminal, en la que ocupaba el cargo de gerente general. Desde allí gestionó en las últimas semanas el proceso de prórroga de las concesiones de las terminales de Buenos Aires, consignó un comunicado de la AGP reproducido por Télam.
“El gran desafío a corto plazo es acordar una nueva configuración del puerto y su operatoria, que tenga el consenso de toda la comunidad portuaria y sea beneficiosa para los intereses nacionales, en una gestión que tenga como ejes al trabajo, la producción y el comercio exterior", aseveró el flamante interventor.
Con mucho amor y responsabilidad, asumo como Subinterventora del @PuertoBsAs .
— Marcela Passo (@passomarcela) June 1, 2020
Agradezco profundamente a @alferdez , @SergioMassa y @mariomeoni por semejante gesto confianza.
Feliz de acompañar a @JosBeni2 en este nuevo desafío! https://t.co/HHsQXqqCFf
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12 de diciembre. La especialista Laura Galuzzi advirtió sobre la pauperización y fragmentación que implica el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. “Saca claramente al Estado del lugar de garante de la educación y le traslada el peso a las familias y a las jurisdicciones”, le dijo a ENTRELINEAS.info.
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