Francisco Stea, director de Niñez y Género de Dolores, defendió la decisión de cerrar los hogares de niños y de niñas de la ciudad como un avance hacia la desinstitucionalización de los menores de edad en situación de derechos vulnerados. “Nuestro municipio ha comenzado a rediseñar las políticas de niñez y las herramientas para la protección de los derechos en niños, niñas y adolescentes, adhiriendo a la postura del fin de la institucionalización”, señaló.
“Desde esta gestión municipal hemos decidido adherir al nuevo paradigma que viene siendo recomendado por los diferentes organismos nacionales y provinciales de niñez”, dijo a través de un comunicado, y agregó que “esto implica en primera instancia desarrollar prioritariamente políticas de prevención de la institucionalización y apoyo a las familias, así como el desarrollo de alternativas a los cuidados de tipo residencial y la promoción de la reintegración, en el marco de planes orientados a la desinstitucionalización”.
En Dolores funcionaban dos hogares, uno de niños y otro para niñas, que han sido cerrados en los últimos días, una medida que generó una fuerte discusión en la ciudad. La medida se conoció a principios de este mes, aunque sólo ahora se pronunciaron al respecto desde la comuna.
“Las medidas de protección en instituciones no hacían ni más ni menos que continuar afectando la subjetividad y la estructura psíquica de los niños, niñas y adolescentes”, señaló Stea.
“Sólo tres niños y niñas que se encontraban en las instituciones convivenciales de Dolores, fueron reubicados de acuerdo a estas nuevas recomendaciones y con el correspondiente contralor judicial, respetando en todo momento su superior interés. Tres de los niños se encuentran en vinculación para ser adoptados y las dos restantes fueron derivadas a un centro especializado infantil atento a las patologías de base, con los recaudos sanitarios que impone el protocolo de salud”, precisó el funcionario.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.