Ayer por la tarde, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la Cámara Federal de Rosario ordenó allanar el domicilio de Manuel Pessaglia, intendente de Juntos por el Cambio de San Nicolás. La investigación por lavado de activos también involucra a parte de su círculo familiar. Entre ellos a Ismael José Passaglia, su padre, ex jefe comunal del distrito, cuyo domicilio también resultó allanado.
Los 31 operativos simultáneos los llevó a cabo la Policía Federal Argentina y aún se desconoce qué se encontró en cada uno de ellos. “Actualmente la causa está en secreto de sumario, ya que los imputados fueron tomando conocimiento de lo ocurrido a través de sus abogados y se sospecha que sabía los iban a allanar. No hay muchas expectativas de encontrar algo fuerte: se va a buscar documentación y ver el patrimonio en la casa. Vamos a ver qué encontramos”, indicó una fuente judicial a Infobae. Los allanamientos también se desarrollaron en propiedades vinculadas a la familia en Ramallo, San Pedro y la ciudad de Buenos Aires.
La causa se inició en 2018 a través de una denuncia anónima que alertó a la Justicia respecto de la posesión por parte de Ismael Passaglia de “bienes y propiedades que no se condecían con su salario”. La familia posee una casa en Punta del Este, tres departamentos en Barrio Parque, dos mil hectáreas de campo en la zona más costosa de La Pampa y estancias en San Pedro. También una serie de vehículos de alta gama. En la causa también están involucrados Liliana Ana Gaibazzi, Ismael Santiago Passaglia, María Passaglia y Delfina Passaglia.
Fue allí cuando la División Anticorrupción de la PFA realizó un informe patrimonial. El abogado de los Passaglia, Juan Carlos Marchetti, pidió la nulidad de los allanamientos, el juez Marcelo Bailaque aceptó tal requerimiento y fue la Sala A de la Cámara Federal de Rosario la que hizo lugar a un recurso de apelación presentado por el fiscal federal Matías Di Lello y la cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), María Laura Roteta. El tribunal ordenó que la investigación continúe en la justicia federal.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.