El 14 de enero de 2020 la provincia de Buenos Aires solicitó a los tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 su consentimiento para la postergación hasta el 1 de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento el 26 de enero por aproximadamente US$ 250 millones.
En virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener.
Así, si el 75% del capital en circulación de dichos bonos otorga su consentimiento, dice el comunicado del Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, “se pagará (i) dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero –aproximadamente U$S 75 millones– y (ii) dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo –aproximadamente U$S 5 millones-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020”.
“Para alcanzar el 75% se necesita a un fondo en particular que tiene una cantidad muy significativa y que no tiene de momento el mismo grado de adhesión y ayuda. Estamos esperando que acepten", dijo el gobernador Axel Kicillof en declaraciones a El Destape Radio.
Esta enmienda tiene efecto inmediato y los tenedores de los bonos 2021 tienen plazo hasta las 10:00 (horario de Bruselas/Luxemburgo) del 4 de febrero de 2020 para pronunciarse en favor de la modificación propuesta. Los consentimientos ya enviados siguen siendo válidos.
El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Pablo López, señaló que: “Este esfuerzo se hará con recursos provinciales, que son escasos. Por eso, la Provincia reafirma el compromiso de abordar el problema de deuda, en pos de recuperar la sostenibilidad, de forma rápida y ordenada”, para luego agregar: “Debemos avanzar en solucionar las cuestiones más urgentes y volcar todo nuestro esfuerzo en reactivar la economía provincial”.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.