La administración de Axel Kicillof publicó una solicitada en los diarios en la que informó que buscará la aprobación de los tenedores del bono para postergar por algo más de 90 días el pago de unos 250 millones de dólares y 27 millones de intereses, que debe enfrentar el próximo 26 de enero con un plazo de gracia de 10 días hábiles.
Para lograr la postergación del pago, Kicillof necesita la aprobación de los tenedores de al menos el 75% del capital antes del 22 de enero de 2020, es decir, dentro de 8 días. Según explicó La Política Online, el bajo número de bonistas (el monto mínimo de suscripción del bono era de 100 mil dólares y el total emitido fue de 750 millones de dólares) era uno de los puntos que entusiasmaba al mercado para la reestructuración.
"Se ha iniciado un proceso de diálogo y consultas con los tenedores" del bono, informó el Ministerio de Hacienda bonaerense. "Tanto la Provincia como sus inversores coincidieron en la compleja situación de la deuda provincial y la importancia de buscar soluciones preventivas que minimicen pérdidas", agregó la cartera que conduce Pablo López. "El rechazo del mercado al diferimiento propuesto resultaría en mayores daños a la economía bonaerense y pérdidas para los inversores en general, que con este paso pueden evitarse", indicó López en un comunicado.
La confirmación de que la Provincia no podrá pagar el BP21 se daba por descontada el lunes, cuando los bonos se derrumbaron por la negativa del Gobierno nacional de otorgarle un "salvataje" a Kicillof. El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, habló abiertamente de la posibilidad concreta del default.
En el mercado especulan con que dicha negativa se trata de una estrategia para que los acreedores acepten la renegociación. Los analistas coinciden en que para la Casa Rosada sería demasiado riesgoso dejar caer en default a la Provincia.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.