El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que la deuda con el FMI será renegociada para "adecuarla a los objetivos de sostenibilidad de la macroeconómica", y anticipó que "2020 no será un año de ajuste fiscal".
Guzmán sostuvo que su gestión viene a "redifinir las prioridades" del rol del Estado en la economía, por lo que "el plan macroeconómico tendrá en el centro la cuestión social" y anunció la presentación en sesiones extraordinarias del proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que contemplará aumentos para jubilados, empleados estatales y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
En declaraciones reproducidas por Página 12, el ministro confirmó que en las conversaciones con el FMI que ya se iniciaron, a las que calificó de "constructivas", el organismo multilateral de crédito reconoció "el fracaso del programa" acordado durante la gestión de Mauricio Macri, por lo que consideró que existe la posibilidad de modificar las condiciones, que resaltó "serán decisiones soberanas, tomadas por nosotros".
Guzmán anunció la creación de l aUnidad Especial para la Sostenibilidad de la Deuda Externa, que presidirá como ministro; y una Comisión Asesora formada por ex secretarios de Finanzas del ministerio. "Para poder pagar hay que tener capacidad de pago y para tener capacidad la economía se tienen que recuperar", sintetizó el principio que regirá la renegociación de la deuda.
Respecto del equipo de trabajo que lo acompañará, Guzmán destacó que se trata de funcionarios con "experiencia en el sector público" y que tienen como premisa "proteger lo público". "Voy a trabajar con gente que quiere cuidar a la Argentina y entiende que el rol del Estado es trabajar con mercados que proponen soluciones para la gente".
El ministro fue crítico con el plan económico aplicado por el macrismo y definió la situación económico de "extrema fragilidad". "Venimos a redifinir las prioridades del país, lo productivo tiene que estar en el centro, el eje será el conocimiento", describió Guzmán con el objetivo puesto en "tranquilizar a la economía argentina para que se ordene y, a partir de allí, que la gente pueda vivir bien".
El equipo que acompañará la gestión de Guzmán estará integrado por los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Diego Bastourre; de Política Económica, Haroldo Montagu y de Política Tributaria, Roberto Arias. Mientras que Maia Colodenco será la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales y Sergio Chodos será propuesto por la Argentina como Director del Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.