El fiscal Carlos Stornelli llegó al Juzgado Federal de Dolores para declarar ante Alejo Ramos Padilla, el magistrado que lo imputó como presunto integrante de una red ilegal de espionaje junto a políticos, abogados y agentes de inteligencia, por la que también es investigado el falso abogado Marcelo D’Alessio, actualmente detenido.
“Voy a responder preguntas, voy a aclarar lo que sea necesario, estoy a entera disposición del juez”, dijo al arribar al juzgado quien había sido citado en varias oportunidades pero no se había presentado porque decía que no tenía las garantías necesarias como para ejercer su derecho de defensa.
En mayo pasado la Cámara Federal de Mar del Plata, con jurisdicción en Dolores, rechazó la apelación de Stornelli contra la declaración de rebeldía firmada por Ramos Padilla. Fue así que aquella decisión quedó firme a partir del fallo firmado por los camaristas Bernardo Bibel y Eduardo Jiménez.
Stornelli recurrió esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal y a fines de agosto pasado los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci rechazaron el recurso por inadmisible, según informó Infobae.
Al fiscal se lo acusa de 8 hechos que tienen que ver con una participación en maniobras de espionaje y extorsión. Entre ellos aparecen los casos del empresario Pedro Etchebest, denunciante original del caso que nació en Dolores, y un ex gerente de la petrolera venezolana Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat, pero también el supuesto intento de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, defensor del ex titular de Yaciretá, Oscar Thomas. Todas esas imputaciones surgieron después de la detención de D’Alessio.
Stornelli nunca se presentó en Dolores. Aseguró que esa causa era una maniobra armada para atacar la investigación de los cuadernos. Y se constituyó como querellante en la llamada causa por la “Operación Puf”, un expediente que nació de escuchas a presos kirchneristas en donde se hablaba de la denuncia de Dolores.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.