La reunión fundacional del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, convocó a referentes de todos los sectores sociales, desde piqueteros, empresarios y sindicalistas hasta personalidades del espectáculo y de los derechos humanos. Pero al ser el primer encuentro, tuvo el objetivo de dimensionar el problema y escuchar, de boca de cada sector, su visión en torno al tema y cómo podría resolverse.
Según informó Infobae, los empresarios se fueron sin saber qué les pedirá el nuevo Gobierno para combatir el hambre en la Argentina. De todas maneras, todos se pusieron a disposición para colaborar y comenzaron a esbozarse algunas iniciativas corporativas que le fueron transmitidas a Daniel Arroyo –designado por el “albertismo” para llevar adelante el plan– hacia el final del encuentro.
Concretamente, apenas finalizó la reunión, los referentes de la cadena agroindustrial se le acercaron al diputado y quien se supone será el ministro de Desarrollo Social para hacerle una propuesta de colaboración para capacitar a los productores de las áreas periurbanas.
En la reunión se habló de generar condicionales laborales dignas y lo que nosotros mejor podemos hacer es ayudar a generar trabajo.
Se acercaron a Arroyo con esta idea el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Carlos Vila Moret; los presidentes de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa; el titular de la Bolsa de Cereales, José Martins; el de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), Gustavo Idígoras; y el director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro.
Los empresarios de la cadena agroindustrial se anticiparon así a lo que podría ser otro tipo de pedidos, que no descartan que lleguen de cualquier manera. Por ejemplo, aportar al financiamiento de la tarjeta que el Gobierno pondrá a disposición para el universo de madres con hijos en situación de pobreza, si bien no hubo una mención explícita a ello, pero en el mundo privado comienzan a especular con esta posibilidad, ya que no está claro de dónde saldrá el financiamiento.
“Pedidos concretos no hubo. Se identificó el problema y se planteó la necesidad de atacarlo de inmediato pero todavía no se definió nada. Fue una reunión fundacional. Y a partir de ahora se va a trabajar”, enfatizó Ravettino. Si bien aún no tienen definiciones, en su sector imaginan que se les pedirá “algunos productos a precios accesibles”. Podría ser, por ejemplo, los cortes de asado, vacío y matambre, que no se exportan y son los preferidos de los consumidores argentinos.
18 de junio. El gobernador bonaerense entregó más de 450 escrituras gratuitas, inauguró una nueva planta productiva de Atalaya, otorgó viviendas para efectivos policiales y puso en marcha un nuevo centro universitario. También entregó netbooks y anunció inversiones para fortalecer el desarrollo local.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.