El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 669 modifica la Ley N° 24.557, que regula el Sistema de Riesgos de Trabajo, y cambia a la baja el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador. En concreto, se tomará la tasa de variación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Hasta ahora, se hacía con la tasa activa del Banco Nación, siempre más alta que la de promedio de salarios, según informó La Política Online.
En los argumentos del DNU, el Gobierno sostiene que la aplicación de "tasas de interés en determinados contextos macroeconómicos arrojan resultados desproporcionados que desnaturalizan el carácter del sistema de protección contra riesgos del trabajo". Agrega que la utilización de la tasa activa del Banco Nación provoca "incrementos desmedidos" de las indemnizaciones.
La norma mantiene la aplicación de la tasa activa del BNA en el caso de que las aseguradoras incurran en el incumplimiento del pago de las indemnizaciones.
El abogado laboralista Héctor Recalde aseguró que el DNU de Macri “es inconstitucional, e incluso si fuera una ley del Congreso, sería inconstitucional”, porque la Constitución “establece la progresividad de los derechos, con justicia social”.
“Esto está bajando las indemnizaciones para los más débiles”, señaló el ex diputado nacional peronista, en diálogo con Radio Caput, y agregó que “entre el lucro y la solidaridad y los derechos de los trabajadores, este gobierno siempre opta por el lucro”.
En tanto, el juez laboral Enrique Arias Gibert afirmó: “Macri saca un DNU donde reduce el monto de las indemnizaciones laborales. La norma es aplicable al trabajador que murió en Ezeiza, es retroactiva. Cuando llegue el reclamo de su familia se le va a aplicar esta baja en la indemnización”, en alusión a José Bulacio, fallecido en la obra del aeropuerto bonaerense.
Asimismo, Arias Gibert aseguró que “el fundamento de este DNU es que las ART ganan poco”. “Están haciendo que se abarate el accidente. Y si es más barato el accidente no tiene sentido invertir en prevención”, agregó en declaraciones a El Destape Radio.
29 de abril. El Municipio confirmó el depósito de haberes para trabajadores y personal médico, aunque al mismo tiempo anunció que funcionarios, jerárquicos y concejales deberán esperar. La medida expone la tensión financiera y abre un nuevo frente político en el distrito.
20 de abril. El ex intendente confirmó su intención de volver a competir y reveló conversaciones con dirigentes de La Libertad Avanza, incluyendo referentes libertarios como Milena Suárez y Jorge Domínguez. En un escenario dominado por el oficialismo, la oposición empieza a explorar un armado común.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.