La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires instó ayer a los jueces a que utilicen los sistemas de videoconferencias instalados en las distintas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para tomar declaración a los detenidos, salvo que fuese "estrictamente" necesario mantener un contacto personal con ellos, informó Télam.
La resolución, firmada por el titular de la Corte, Eduardo De Lázzari, establece que “siempre que el magistrado, de oficio o a pedido de parte, no estimará estrictamente necesario ordenar el comparendo del detenido a la sede del Juzgado o Tribunal para mantener contacto personal con el mismo, lo deberá realizar mediante videoconferencia”.
En los considerados de la medida recordó que, “no obstante encontrarse dadas en la actualidad todas las condiciones para implementar el mecanismo, de la presentación efectuada por el Jefe del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, surge que, hasta la fecha, su uso por parte de los titulares de los Juzgados y Tribunales en lo Penal ha sido considerablemente escaso”.
"Incorporar el mecanismo de la videoconferencia para llevar a cabo las audiencias con personas privadas de su libertad tuvo como finalidad optimizar los recursos materiales y humanos y con ello mejorar la prestación del servicio de justicia a través del empleo de nuevas tecnologías”, señala.
“En atención a la situación advertida se entiende necesario ya no sólo, como se ha hecho, hacer saber y recordar que el mecanismo está disponible, sino establecer que, siempre que el magistrado, de oficio o a pedido de parte, no estimara estrictamente necesario ordenar el comparendo del detenido a la sede del Juzgado o Tribunal, lleve adelante el contacto mediante videoconferencia”, concluyó. Agencia Télam.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.