El Gobierno nacional resolvió postergar hasta enero del año próximo el aumento en las tarifas de gas domiciliario que debía regir desde octubre, como parte del paquete de medidas de alivio para compensar el impacto de la devaluación del peso después de las PASO, informó Télam.
"El aumento de octubre no lo vamos a hacer y en diciembre tendrá lugar la audiencia pública para aplicarlo recién en enero", confirmó el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, en declaraciones que publica hoy el diario "Río Negro".
En marzo pasado se realizó una audiencia pública que determinó para el gas domiciliario una primera actualización anual del 29%.
Sin embargo, para evitar que esa suba se descargara plenamente sobre los consumidores durante la temporada invernal, se acordó escalonar ese incremento.
De modo simultáneo se aplicó una "tarifa plana" para los usuarios domiciliarios durante los meses de mayor consumo, que van de junio a septiembre.
El diferencial de esa tarifa, cercano al 20% del total de las boletas, está previsto que sea pagado por lo usuarios a partir de diciembre, cuando las facturas reflejan el menor consumo habitual.
De ese modo la tarifa se incrementó un 10% en abril; otro 9,5% en mayo; y 7,5% en junio, pero esas subas coincidieron con la aplicación de la tarifa plana para los hogares.
El alza así absorbida por el Estado, según estaba previsto, iba a trasladarse en octubre a los consumos familiares de gas.
La audiencia pública también programada para octubre, y que se postergó hasta diciembre, definirá la proporción del segundo aumento de la tarifa en el año.
El secretario Lopetegui recordó que "hay dos componentes para la tarifa: la cotización del dólar y el precio del gas; hay una diferencia en el dólar, pero algo se va a compensar con el precio del gas".
El funcionario explicó que "el precio del gas en teoría debería bajar, ya que está a US$ 4,55 por millón de BTU (unidad térmica británica), mientras el precio del dólar estaba fijado a $ 41, y ahí sí hay diferencia".
Lopetegui evitó formular consideraciones con respecto a la reacción de las compañías petroleras, hoy enfrentadas con el Gobierno por el congelamiento por tres meses del precio de los combustibles y del barril de crudo.
Desde la Nación se había reconocido que la aplicación de la tarifa plana tendría un costo de $ 2.500 millones a abonarse a las distribuidoras, mientras el escalonamiento demandaría el pago del Estado de otros $ 2.000 millones.
18 de junio. El gobernador bonaerense entregó más de 450 escrituras gratuitas, inauguró una nueva planta productiva de Atalaya, otorgó viviendas para efectivos policiales y puso en marcha un nuevo centro universitario. También entregó netbooks y anunció inversiones para fortalecer el desarrollo local.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.