En una cumbre de la primera plana de Juntos por el Cambio en la Quinta de Olivos, el presidente Mauricio Macri logró que sus socios en la coalición oficialista cierren filas detrás de las últimas decisiones del Gobierno, como la designación de Hernán Lacunza en el Ministerio de Hacienda y el paquete de medidas económicas, en tanto que se descartaron más cambios en el Gabinete, dio a conocer la agencia de noticias NA.
El objetivo de la reunión, en la que Elisa Carrió estuvo sentada a la derecha de Macri, junto al mandatario, fue informar a los dirigentes aliados lo hablado antes con Lacunza y diagramar los pasos a seguir en materia de gestión y de campaña, de cara a las generales de octubre en las que Macri buscará ingresar al balotaje frente a Alberto Fernández.
"Se respaldó la decisión de nombrar al nuevo Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y la ratificación de la continuidad del resto del Gabinete Nacional", señaló un comunicado de cuatro puntos difundido por La Casa Rosada, en lo que puede leerse como un respaldo al jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Por otra parte, se informó en la reunión que se conformará una mesa de acción política que se reunirá los lunes para diagramar la campaña de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del 27 de octubre, con la misión de revertir el magro resultado de las PASO y forzar un balotaje presidencial.
"Se rechazó la idea de un falso dilema entre el rol institucional del presidente y su candidatura. Su prioridad es gobernar el país, cuidando a los argentinos en cada decisión que toma. Y para eso es indispensable asegurar un clima de diálogo, paz y responsabilidad institucional", señaló otros de los puntos del comunicado oficial.
La idea del cónclave era evitar cortocircuitos y tensiones en los socios de Cambiemos, que suelen quejarse cuando no son incluidos en las decisiones y tras enterarse en los medios se ven obligados a defender públicamente las posiciones del oficialismo.
Al retirarse del encuentro, la diputada nacional de la Coalición Cívica, Carrió, quien fue la primera en llegar a Olivos y la última en irse, hizo breves comentarios a la prensa: "Siempre lo dije, ganamos en octubre", insistió la dirigente, en línea con lo que había manifestado días antes.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.