Fernando Blanco Muiño, director nacional del organismo que defiende los derechos de los consumidores, indicó que "vamos a hacer los controles para que esta baja de la carga tributaria impacte en el precio y no vaya a la rentabilidad”.
Con ese objetivo, detalló que "diariamente, entre las 6 y 8 de la mañana, todas las cadenas de supermercados del país nos informan sus precios con la aplicación 'Precios Claros'. Eso nos da una información actualizada que vamos a comparar con la información histórica", señaló el funcionario, que depende del Ministerio de Producción y Trabajo.
El titular de Defensa del Consumidor aclaró que llevará "algunos días" la adaptación del sistema desde el punto de vista informático y consideró que el dispositivo de revisión alcanza unos a "6000 productos de referencia".
"Si se comprueba que (la exención del IVA) en vez de ser trasladada al precio final implica una mayor rentabilidad, habrá sanción", expresó Fernando Blanco Muiño, quien subrayó que la venta de productos alimenticios, al estar enmarcados en la ley que regula el IVA, conlleva obligaciones impositivas. ". Además, precisó que actuará también Defensa del Consumidor con "nuestro régimen de multas, a partir de la Ley de Lealtad Comercial".
Según el director de Defensa del Consumidor, la composición de los precios de los alimentos "no es lineal" en relación a su componente tributario. Es decir, que la quita del 21% del IVA no implica una reducción del precio final en la misma proporción.
"En los desagregados de los precios, no hay una participación lineal. Si sacas el 21%, esa rebaja en algunos tiene una incidencia menor, de 17 o 18%", señaló Blanco Muiño, quien adelantó que esta medida apenas servirá para contener la inflación. "Lo que estamos haciendo es amortiguar las subas de los precios en la Canasta Básica Alimentaria", agregó.
Por último, el director de Defensa del Consumidor aclaró que no deberían existir cambios en el listado de productos de “Precios Cuidados y Esenciales” porque "tienen vigencia hasta el 31 de diciembre".
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