Fernando Blanco Muiño, director nacional del organismo que defiende los derechos de los consumidores, indicó que "vamos a hacer los controles para que esta baja de la carga tributaria impacte en el precio y no vaya a la rentabilidad”.
Con ese objetivo, detalló que "diariamente, entre las 6 y 8 de la mañana, todas las cadenas de supermercados del país nos informan sus precios con la aplicación 'Precios Claros'. Eso nos da una información actualizada que vamos a comparar con la información histórica", señaló el funcionario, que depende del Ministerio de Producción y Trabajo.
El titular de Defensa del Consumidor aclaró que llevará "algunos días" la adaptación del sistema desde el punto de vista informático y consideró que el dispositivo de revisión alcanza unos a "6000 productos de referencia".
"Si se comprueba que (la exención del IVA) en vez de ser trasladada al precio final implica una mayor rentabilidad, habrá sanción", expresó Fernando Blanco Muiño, quien subrayó que la venta de productos alimenticios, al estar enmarcados en la ley que regula el IVA, conlleva obligaciones impositivas. ". Además, precisó que actuará también Defensa del Consumidor con "nuestro régimen de multas, a partir de la Ley de Lealtad Comercial".
Según el director de Defensa del Consumidor, la composición de los precios de los alimentos "no es lineal" en relación a su componente tributario. Es decir, que la quita del 21% del IVA no implica una reducción del precio final en la misma proporción.
"En los desagregados de los precios, no hay una participación lineal. Si sacas el 21%, esa rebaja en algunos tiene una incidencia menor, de 17 o 18%", señaló Blanco Muiño, quien adelantó que esta medida apenas servirá para contener la inflación. "Lo que estamos haciendo es amortiguar las subas de los precios en la Canasta Básica Alimentaria", agregó.
Por último, el director de Defensa del Consumidor aclaró que no deberían existir cambios en el listado de productos de “Precios Cuidados y Esenciales” porque "tienen vigencia hasta el 31 de diciembre".
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.