Alejo Ramos Padilla procesó al periodista Daniel Santoro

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó al periodista Daniel Santoro por encontrarlo responsable de los delitos de coacción y extorsión, aunque no le dictó prisión preventiva.

En un fallo de 258 páginas, el magistrado sostiene que “se encuentra probado que para el desarrollo de los plantes criminales, la asociación ilícita de la que participaba Marcel D’Alessio se valió de la actividad y la figura del periodista Daniel Santoro”.

Además, estima que, “al menos de momento”, corresponde dictar “la falta de mérito para procesar o sobreseer en orden al delito de asociación ilícita”.

Uno de los elementos centrales que se analiza en el fallo es, más allá de las maniobras que ejecutaba la banda en la que la publicación de los casos era parte de la extorsión, si Santoro estaba al tanto o no de lo que D’Alessio llevaba adelante. En este sentido, indica que “existen elementos de prueba suficientes que dan cuenta del conocimiento que tuvo Daniel Santoro de que con su actividad llevaba adelante un aporte significativo para la concreción de los planes criminales investigados”. También toma en cuenta que “se reiteran hechos y metodología que se inician, continúan y repiten desde fines de 2016 a la fecha”.

Considera Ramos Padilla que “no se está analizando ni juzgando la actividad periodística de Daniel Santoro” puesto que “esta investigación no tiene que ver con el modo en que el periodista obtuvo la información o más precisamente sobre “la fuente” que utilizó, sino con una participación concreta en uno o varios hechos ilícitos particulares previstos y reprimidos por el Código Penal”.

Por ello insiste que “lo que busca esta investigación, entre otras cosas es proteger la actividad de los periodistas, que, al igual que la de los jueces, probablemente pueda ser uno de los principales objetivos de las maniobras llevadas a cabo por la organización investigada”.

El juez considera que “no se trata de un simple grupo de estafadores o extorsionadores que buscaban rédito económico”, sino que tenían un “funcionamiento  pseudo mafioso”, con “relaciones estrechas y de colaboración mutua con funcionarios y magistrados”.