El fiscal federal Carlos Stornelli requirió la investigación de supuestas irregularidades en la ejecución de un acuerdo entre el Estado Nacional y Autopistas del Sol, en la que aparecen involucrados el presidente Mauricio Macri; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel.
La denuncia en el fuero penal fue realizada por los diputados Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto (Frente para la Victoria) y la causa se tramita en el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral.
Según los denunciantes, tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia de la Nación, Ausol -a través de su controlante española Abertis- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para propiciar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización estaba prevista para 2020, según informó La Tecla.
Los legisladores marcaron que por decisión de Dietrich e Iguacel, y sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, el gobierno dispuso arreglar por la suma de 499 millones de dólares. “Constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”, adujeron los legisladores del bloque FpV-PJ-Unidad Ciudadana.
El gobierno renegoció el contrato con la firma y lo extendió hasta 2030, más una suma de dinero. A cambio le pidió dejar sin efecto el juicio iniciado ante el CIADI por más de 1000 millones de dólares. Para el FpV, esa presentación fue simulada.
Ausol, que opera en un tramo de 120 kilómetros del Acceso Norte, fue una de las históricas empresas del Grupo Macri, hasta que a mediados de 2017 el grupo vendió sus acciones luego de que estas aumentaran 400% desde la asunción de Macri y en medio del proceso de “arreglo” con el Estado Nacional.
Stornelli también pidió que se investigue una maniobra similar con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste, que se llevó 245 millones de dólares del Estado.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.