El juez federal Alejo Ramos Padilla reprogramó para el 17 de julio, cinco días antes del comienzo de la feria judicial de invierno, la declaración indagatoria del periodista Daniel Santoro en la causa que investiga la supuesta existencia de una organización dedicada a la extorsión, informó Télam.
La postergación de la audiencia, que estaba prevista para hoy martes, se produjo luego de que el periodista explicó que el abogado que designó, Mauricio de Núñez, se encuentra en el exterior cumpliendo con un compromiso asumido antes de la citación inicial.
En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, Ramos Padilla tomó una serie de medidas, entre ellas una notificación a su colega porteño Claudio Bonadio -a quien tiene imputado en el caso en el que, además, está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio- acerca de las irregularidades que le achaca.
El magistrado de Dolores dio "por presentado" a Bonadio en el expediente, pero le avisó que "deberá constituir domicilio electrónico para que en lo sucesivo se le puedan cursar notificaciones por esa vía" y lo autorizó a "compulsar el expediente, a requerir y retirar las copias de la sede del Tribunal, debiendo individualizar las piezas que estime pertinentes".
"En cuanto a su solicitud de que se 'sirva detallar con precisión cuál es la imputación'" que motivó su citación, Ramos Padilla le dijo a Bonadio que "en las presentes actuaciones ha sido formalmente denunciado en dos oportunidades (...), que uno de los denunciantes ha sido tenido como parte querellante (...), además de que su actuación ha sido objeto de tratamiento por parte del Ministerio Público Fiscal y fue mencionado en diversos testimonios, archivos de audio y documentos digitales que forman parte de la prueba de la causa".
El juez de Dolores advirtió "sin embargo, y más allá de ello, este Juez no ha adoptado un temperamento procesal como el que reclama (...); sólo se consideró adecuado anoticiarlo en los términos citados a efectos de brindarle concretamente la posibilidad de ejercer los derechos que pone a su disposición el ordenamiento ritual".
"Se trata -dijo Ramos Padilla sobre Bonadio- de otorgarle las más amplias garantías, para que pueda, como por ejemplo lo ha hecho la Dra. Elisa Carrió, que se ha presentado ante la Excma. Cámara Federal de Casación Penal (...), formular en estas actuaciones las aclaraciones que entendiere necesarias a su derecho, participar y controlar la marcha del proceso, como así también sugerir las medidas de prueba que considere oportunas".
También resolvió notificar formalmente a la Procuración General de la Nación que el fiscal Carlos Stornelli (declarado en rebeldía) "no se ha presentado a esta sede ni personalmente ni por intermedio de su defensa técnica a fin de justificar su incomparecencia a la audiencia indagatoria fijada por este tribunal (...) para el día 31 de mayo" pasado. Stornelli faltó a cinco citaciones a indagatoria.
Asimismo, citó como testigos al ex jefe de Gabinete nacional y ex ministro Aníbal Fernández para el 10 de julio a las 11 y al ex jefe de la Aduana y actual precandidato presidencial Juan José Gómez Centurión para el 12 de julio a las 10.
El juez pidió además asistencia a la sede Dolores de la Universidad Atlántida Argentina para que aporte "alumnos avanzados" de Derecho para colaborar en la toma y grabación de declaraciones indagatorias y testimoniales, argumentando que el juzgado tiene "escasos recursos humanos" para cumplir con todas las tareas que demanda esta causa.
Otro de los citados a declarar como testigo es el abogado Daniel Llermanos, letrado patrocinante del sindicalista camionero Hugo Moyano, ya que pidió ver el expediente ante la posibilidad de que también haya sido víctima de una supuesta extorsión.
También accedió a que acceda a "tomar vista de las presentes actuaciones" al ex secretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno.
Otra de las medidas fue la declaración de rebeldía de Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, otro de los investigados como supuesto miembro de la presunta organización, ante su incomparecencia en el juzgado y la ausencia de justificativos válidos, ratificando la orden de detención de ese imputado.
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