La jueza federal de San Martín Alicia Vence ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, a quien se investiga por tres delitos de lesa humanidad en los que habría tenido participación mientras integraba la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba) de San Martín, en donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial, además de infiltración en organismos de Derechos Humanos.
En su resolución del 12 de abril pasado, la magistrada encontró a Fernández Garello “partícipe necesario penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad comedida por un funcionario público, imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado por tratarse de perseguidos políticos”. Además ordenó un embargo por 300 mil pesos.
Las mismas medidas decretó para Hugo Carlos Ramón Tresguerras, Daniel Eduardo Ríos, Hugo Daniel Cammarota, Jorge Norberto Apa, Guillermo Horacio Ornstein y Ricardo Alberto Coronel.
Pese a los procesamientos, la jueza consideró que no es necesario ordenar la prisión preventiva de los imputados al entender que “por el momento, no existen elementos objetivos que permitan suponer que Fernández Garello, Ríos, Tresguerras, Cammarota, Coronel, Ornstein y Apa (quien se encuentra detenido a disposición de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1 y 4 de San Martín, bajo la modalidad de prisión domiciliaria) intentarán eludir el accionar de la justicia o entorpecer la presente investigación, más allá de la escala penal de los delitos reprochados”.
Las acusaciones sobre el fiscal general de Mar del Plata surgen a partir de una denuncia presentada por la Comisión por la Memoria junto al Serpaj, el Cels, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina, en 2016.
En concreto, los organismos de DDHH sacaron a la luz su posible rol dentro de la estructura represiva del terrorismo de estado, cuando se desempeñaba como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la delegación de San Martín.
04 de septiembre. El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, adelantó los plazos previstos para las dos obras que transformarán la circulación por el corredor de la Costa Atlántica. El tramo de 72,4 kilómetros hacia Mar Chiquita atraviesa su etapa final, mientras que la nueva autovía de 48 kilómetros entre Mar de Ajó y Pinamar se licitará en octubre. “Viajar va a ser más ágil y más seguro, y eso nos beneficia a todos”, afirmó.
28 de agosto. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, firmó un convenio con el intendente Juan Pablo García para la construcción del edificio y el dictado por parte de universidades nacionales de carreras referidas al área de nuevas tecnologías.
28 de agosto. La ciudad lanzó la campaña “Sin ir más lejos” para la próxima temporada de verano y confirmó que, desde noviembre, la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica local se integrará a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.
24 de agosto. El jefe comunal peronista, que gobierna el distrito desde 2011, explicó que se trata de “una decisión familiar y personal” aunque aclaró: “No piensen que voy a dejar de hacer política”.
21 de agosto. La nueva casa para el deporte dolorense, una obra que permaneció inconclusa durante más de 16 años, está destinada a los clubes, las escuelas y los deportistas locales y tendrá una capacidad para albergar 1.400 espectadores.
18 de agosto. Fue luego de una reunión del gabinete municipal, encabezado por el intendente Juan de Jesús, con el gerente general de la empresa, que informó que avanza con la revisión de los casos particulares sobre los que ya fueron realizados reclamos.
12 de agosto. El jefe comunal en uso de licencia y la intendenta interina fueron procesados por haber retenido documentos de votantes en los comicios de 2019, que ganaron por 50 votos. La Justicia comprobó que 19 personas no pudieron votar por la retención de documentos, pero sospechan que el número sería mayor.
11 de agosto. Desde diciembre de 2023, las tarifas eléctricas de EDEA acumulan aumentos que van del 480% al 620%, según la categoría de usuario. Un incremento que tiene su raíz en la profunda transformación de la política energética definida por el gobierno nacional: reducción de subsidios, recomposición del precio mayorista y mayor traslado del costo de la energía a los usuarios. Por qué no todos tuvieron el mismo aumento y cuánto se encareció la electricidad frente al resto de los precios.