La jueza federal de San Martín Alicia Vence ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, a quien se investiga por tres delitos de lesa humanidad en los que habría tenido participación mientras integraba la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (Dippba) de San Martín, en donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial, además de infiltración en organismos de Derechos Humanos.
En su resolución del 12 de abril pasado, la magistrada encontró a Fernández Garello “partícipe necesario penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad comedida por un funcionario público, imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado por tratarse de perseguidos políticos”. Además ordenó un embargo por 300 mil pesos.
Las mismas medidas decretó para Hugo Carlos Ramón Tresguerras, Daniel Eduardo Ríos, Hugo Daniel Cammarota, Jorge Norberto Apa, Guillermo Horacio Ornstein y Ricardo Alberto Coronel.
Pese a los procesamientos, la jueza consideró que no es necesario ordenar la prisión preventiva de los imputados al entender que “por el momento, no existen elementos objetivos que permitan suponer que Fernández Garello, Ríos, Tresguerras, Cammarota, Coronel, Ornstein y Apa (quien se encuentra detenido a disposición de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N° 1 y 4 de San Martín, bajo la modalidad de prisión domiciliaria) intentarán eludir el accionar de la justicia o entorpecer la presente investigación, más allá de la escala penal de los delitos reprochados”.
Las acusaciones sobre el fiscal general de Mar del Plata surgen a partir de una denuncia presentada por la Comisión por la Memoria junto al Serpaj, el Cels, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina, en 2016.
En concreto, los organismos de DDHH sacaron a la luz su posible rol dentro de la estructura represiva del terrorismo de estado, cuando se desempeñaba como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la delegación de San Martín.
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