Si bien el Gobierno por el momento parece haber controlado la espiralización del dólar que amenazaba en la última semana, el alza registrada durante la primera quincena de marzo podría desembocar en una actualización tarifaria del gas mayor a la estimada.
Según explica el portal La Política Online, el problema es que el salto cambiario se dio inoportunamente justo durante el período que definirá el valor del gas para los próximos seis meses, lo que inevitablemente generará una presión en el número final.
De acuerdo a lo pactado con las empresas del sector, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) establecerá el nuevo cuadro tarifario en función del promedio de cotización del dólar del Banco Nación entre el 1 y el 15 de marzo, que en este caso alcanzó los $42.
Esto implica una diferencia del 6% en relación a los $39,50 que marcaba la divisa cuando el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, prometió que el ajuste no superaría el 30%, lo que representaba una mejora respecto del escenario planteado por su predecesor, Javier Iguacel.
Al mismo tiempo, el promedio cambiario de la primera parte de marzo difiere sustancialmente del proyectado por las propias empresas en la última audiencia pública, donde realizaron sus costos con un dólar de entre $39,45 y $39,81.
De esta manera, es probable que se genere cierta tensión en las negociaciones finales. De todos modos, cualquiera sea la cifra definida, el Gobierno aplicará un descuento del 20% entre las facturas de mayo y septiembre -que se cobrará durante el próximo verano- que acota notablemente el tarifazo en una medida con un claro objetivo electoral.
En consecuencia, el número final no tendría un importante efecto inmediato a corto plazo para las familias, sino que repercutirá en el costo de financiamiento que el Estado afrontará por este diferimiento en el cobro.
05 de junio. “Para nosotros es fundamental. Recibimos entre 50.000 y 80.000 turistas”, dijo Gustavo Barrera durante una reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debatieron dos proyectos para reorganizar el calendario de feriados.
02 de junio. Como adelantó Entrelineas.info y reconoció Carlos Bianco, varios municipios del interior bonaerense enfrentan una crisis económica profunda. El caso de Villa Gesell expone la gravedad del escenario: recortes de funcionarios, fusión de áreas y preocupación por el pago de sueldos y aguinaldos.
31 de mayo. Mientras Milei, el PRO y parte del radicalismo negocian un frente antiperonista en la provincia, en municipios como La Costa la unidad suena más a fantasía que a plan real. Todos contra todos: acusaciones cruzadas, internas al rojo vivo y alianzas fallidas dibujan un escenario donde cualquier acuerdo parece más un rejunte que una alternativa de poder.
28 de mayo. Esteban Santoro, intendente madariaguense, se convirtió en el primer dirigente político importante que denuncia directamente a la obra social de los jubilados. Jorge Villalba, secretario de Salud geselino, anticipó que el municipio también prepara una denuncia formal.
27 de mayo. El 6 de junio, Javier Milei será recibido por el sucesor de Francisco en el Vaticano. Luego viajará a Italia, Francia e Israel, en una gira marcada por contradicciones ideológicas, tensiones globales y objetivos diplomáticos.
26 de mayo. El ajuste nacional ya impacta de lleno en las finanzas locales: varias comunas del interior bonaerense advierten graves dificultades para cumplir con sus obligaciones. Villa Gesell declaró la emergencia económica, mientras que en el vecino Partido de La Costa confirmaron que los pagos están garantizados. “Hay municipios muy complicados”, advirtió el ministro Carlos Bianco.
22 de mayo. La referente local de La Libertad Avanza descartó cualquier alianza con el exintendente y denunció irregularidades durante su gestión. “Nosotros no hacemos acuerdos con quienes usaron el Estado”, aseguró.
22 de mayo. Por la decisión de no trasladar el 12 de octubre, que este año cae domingo, distintos municipios turísticos de la Quinta Sección advierten que perder el fin de semana largo afectará gravemente las economías locales. Piden al Congreso que revierta la medida.