En materia previsional, el FMI tiene en la mira a la Argentina, al menos con dos objetivos: aumentar la edad jubilatoria y reducir el monto de las jubilaciones. En un documento técnico del organismo publicado la semana pasada (“El futuro del ahorro: el rol del diseño de los sistemas de pensiones en un mundo que envejece”) si bien se aclara que es responsabilidad de sus autores, fue presentado con fuertes elogios por David Lipton, subdirector gerente del FMI, lo que le da un particular relieve. Y allí hay una misma referencia y recomendación concreta a la Argentina y a Brasil, difundió Clarín.
El Estudio reconoce que “para lidiar con los costos del envejecimiento, muchos países implementaron significativas reformas de los sistemas previsionales en los últimos años. Las reformas apuntaron en gran parte a contener el crecimiento del número de jubilados, modificando los parámetros claves del sistema; por ejemplo, incrementando la edad de jubilación, endureciendo las reglas para acceder a los beneficios o reduciendo el tamaño de las jubilaciones a través del ajuste en las fórmulas de cálculo de los beneficios”.
“Sin embargo”, agrega el documento, “se requieren reformas adicionales” y entre otros países, mencionan a Argentina y Brasil donde plantean que se requiere “reducir el “ratio” de los beneficios”. Esto significa reducir la relación entre el haber previsional y los salarios que se toman como base para el cálculo de la jubilación inicial, “ratio” también conocido como tasa de sustitución o de reemplazo.
Esta “recomendación” no es nueva ya que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del año pasado, el Gobierno se comprometió a evaluar en 2019 “conjuntamente con el personal del FMI y los actores domésticos” una “reforma del sistema de jubilaciones y pensiones” a la que considera “muy necesaria” y “socialmente equitativa” para “fortalecer la posición fiscal”, fomentar “el crecimiento económico” y crear “empleo en el medio plazo”.
El compromiso con el FMI surge, a su vez, de la ley de Reparación Histórica, sancionada a mediados de 2016, que fijó un plazo máximo de tres años para que se implemente una reforma del sistema previsional “universal, integral, solidaria y sustentable”. Esto quiere decir que, antes de junio 2019, debería presentarse un proyecto al Congreso. Del diseño de esa reforma participará el FMI quien, en verdad, viene abogando hace tiempo por una reforma del sistema previsional en la Argentina.
En el Report 16/346, de noviembre de 2016, donde evalúa el programa del Gobierno, el FMI propuso:
+ Incrementar en forma gradual la edad de jubilación, en especial de las mujeres. Actualmente, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años, con 30 años de aportes, y los varones a los 65 años, también con 30 años de aportes, pero ambos tienen la opción de jubilarse a los 70 años.
+ Reducir el haber inicial de los futuros jubilados. Esto es bajar en un 20% el “ratio” del haber jubilatorio inicial (que hoy ronda un 65% del salario promedio de los últimos 10 años). A modo de ejemplo el FMI dice que en muchos países el haber al momento del retiro jubilatorio es del 50% del salario e incluso menos.
+ Cambiar la fórmula de actualización de la Ley de Movilidad de los ya jubilados. Esto se concretó en diciembre de 2017. A septiembre pasado, esa fórmula arrojó un aumento del 19,2%, frente a una inflación interanual del 40,5% y perjudicó en 2018 a los jubilados y demás beneficiarios de la Seguridad Social en $ 64.938 millones, según un Estudio de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto) Para preparar esa reforma, la ley de Reparación Histórica creó el “Consejo de Sustentabilidad Previsional”, presidido por el Ministerio de Trabajo, a integrar por distintos sectores y expertos para elaborar un proyecto de ley. Ahora se espera la convocatoria de este Consejo.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
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29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
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