El vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, aclaró que los jubilados y pensionados de la administración central no percibirán el bono de fin de año y destacó que se logró reducir 15% la planta de personal del sector público, lo que representa unos 35 mil empleados.
“Firmamos un acta acuerdo con el sector gremial de UPCN. donde se dispone que 5.000 pesos integren un bono remunerativo en diciembre para los empleados que forman parte del convenio colectivo de la administración pública”, indicó Ibarra.
Dijo que implica unos “140 mil empleados públicos, pero es una referencia en general para el resto de la administración pública, considerando que hay algunos convenios y situaciones específicas que ya tienen compensaciones parecidas”.
En declaraciones a radio La Red, Ibarra puntualizó que el bono alcanza a los empleados públicos de los tres poderes y que se agregan, para complementar la paritaria firmada en abril, dos incrementos en enero y febrero del 5% cada uno.
“De esa forma recomponemos también en enero la pirámide salarial porque fuimos dando durante el año algunas sumas fijas para atenuar el impacto de la inflación de los últimos meses”, explicó.
Tras indicar que los integrantes de las fuerzas de seguridad recibirán el bono, precisó que no sucederá lo mismo con jubilados y pensionados.
“Por el momento, el esquema que está vigente en el próximo ajuste va a tener en consideración los índices más altos de inflación por lo que ahí va a haber una mejora respecto de las remuneraciones. Se verá esa mejora pero no habrá bono”, señaló.
Con respecto a la dotación de la planta del sector público, explicó que se viene haciendo un trabajo mes a mes en cada jurisdicción aplicando conceptos de presentismo, y dotaciones óptimas que debe disponer cada área para ejecutar sus tareas.
“Hemos generado una reducción del 15% de esa planta. Son alrededor de unos 35 mil casos fundamentalmente aprovechando situaciones de jubilaciones, retiros voluntarios, y alguna discontinuidad de contratos”, dijo.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.