En medio de la polémica generada por los futuros incrementos de las tarifas de gas a causa del aumento del dólar, el secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, salió nuevamente a defender la medida y advirtió que si no se tomaba esta medida, el servicio de la factura se multiplicaría por dos o por tres: "El que pagó $3000 hubiese pagado $6000 o $9000", dijo.
"Hay un aumento del gas de aquí en adelante del 34,7% promedio que tiene que ver con el aumento de las tarifas de distribución y transporte que están reguladas y pesificadas y tienen un ajuste por inflación, que incluso se hizo un ajuste menor al índice de precios", explicó el funcionario.
En este sentido, Iguacel aclaró que el insumo del gas en sí mismo también se incrementó y eso tiene que ver con los contratos que tienen los productores con los distribuidores. "Lo que nosotros teníamos que resolver es que los productores que le facturaron a los distribuidores el precio del gas aprobado en los contratos según la ley del gas y según las licencias del contrato, los productores no lo facturaron completo a los distribuidores", añadió.
En declaraciones a radio Mitre, el secretario de Energía explicó que la ley prevé que si es más del 20% la diferencia puede trasladarse automáticamente en la factura. "Hubiese sido un impacto enorme. Si no se trasladó se puede cobrar en el aumento de precio de los siguientes seis meses, que también hubiese sido tremendo en el bolsillo de la gente", agregó.
"Buscamos resolver el problema, respetando la ley y los contratos", se justificó Iguacel y agregó que el pago en 24 cuotas tiene un impacto mucho más bajo que hacerlo de otra manera. Iguacel dijo que "el gas es como los granos: se tienen o se tienen que importar", y detalló que el invierno la Argentina importó unos 60 millones de metros cúbicos de gas.
"Un tercio es importado y dos tercios es nacionales", explicó y agregó: "Si nosotros volvemos a una política donde tenemos que importar cada vez más porque no tenemos producción nacional, en lugar de pagar la factura que pagamos, el que pagó $3.000 –si hubiese sido todo gas de Bolivia– hubiese pagado 6.000 pesos. Y si hubiese sido todo gas de barco, hubiese pagado 9.000 pesos".
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.