El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público la causa que investiga a la senadora y expresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner como supuestos jefes de una "asociación ilícita" en el expediente conocido como Los Sauces, publicó el diario La Nacion.
Cristina Kirchner está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita, lavado de activos y dádivas: la Justicia considera que simulaba contratos de alquiler de propiedades para encubrir retornos de contratistas del Estado.
La medida incluye a Romina Mercado (hija de la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner ), a los empresarios Cristóbal López , Fabián De Sousa y Lázaro Báez; a los hijos de Báez, Leandro, Luciana y Martín Báez; y al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, entre otros.
La hipótesis es que López y Báez se enriquecieron y retornaron dinero limpio a los Kirchner a través del alquiler de departamentos y hoteles que Cristina y Néstor Kirchner habían adquirido previamente.
Quienes idearon la maniobra, según el fiscal Gerardo Pollicita , fueron Cristina y Néstor Kirchner, quienes lograron que Báez se transformara en dueño de un conglomerado de más de 30 sociedades y que dos "empresarios amigos", Cristóbal López y Fabián de Sousa, se convirtieran en dueños de un holding de más de 150 empresas.
Para el fiscal Pollicita, una vez que las ganancias estaban en poder de los empresarios, Cristina y Néstor Kirchner "desarrollaron un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de las ganancias, de modo que, una parte de aquellas pudieran llegar a manos de los exmandatarios con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal".
Para hacerlo, según la hipótesis de la Justicia, la senadora y expresidenta y el expresidente -fallecido en 2010- montaron un circuito basado en el pago de alquileres de departamentos y habitaciones hoteleras que les permitió "canalizar regularmente fondos desde las empresas contratistas del Estado y sus vinculadas a favor de la empresa Los Sauces", de la familia Kirchner, que se encargaría de recibir el dinero de "empresarios amigos" y aplicarlo al negocio hotelero e inmobiliario en un "proceso de reciclaje".
El juez Ercolini decidió elevar la causa Los Sauces a juicio oral. El magistrado, titular del juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 10, está a cargo de otras dos causas vinculadas a la de Los Sauces: el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez y el expediente conocido como " Hotesur".
18 de junio. El gobernador bonaerense entregó más de 450 escrituras gratuitas, inauguró una nueva planta productiva de Atalaya, otorgó viviendas para efectivos policiales y puso en marcha un nuevo centro universitario. También entregó netbooks y anunció inversiones para fortalecer el desarrollo local.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.