El presidente Mauricio Macri firmó el decreto que profundiza el ajuste que realiza el Estado en busca de “ahorrar” unos 20 mil millones de pesos. A través de la resolución 632/2018, además se recortará el presupuesto en las universidades públicas. La medida podría acarrear la apertura de un nuevo conflicto con los gremios estatales y de la educación superior.
Según Infocielo, la norma prevé un congelamiento en las contrataciones en la administración pública, una reducción del uso de vehículos oficiales y viajes, y un recorte presupuestario de las universidades. De este modo, congelan las contrataciones en el sector público hasta el 31 de diciembre de 2019 y prohíben la implementación de bonificaciones y premios junto al recorte de gastos en movilidad y viáticos.
En cuanto al congelamiento de las designaciones, es para el sector público pero no incluye a la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. También quedan al margen los nombramientos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Servicio Exterior y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.
A su vez, el decreto establece que los convenios vigentes celebrados entre el Estado y universidades nacionales, provinciales privadas u otras instituciones de enseñanza pública, quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019.
Respecto de las sumas abonadas en concepto de servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos, el decreto exige que los organismos remitan, dentro del plazo de 30 días de su entrada en vigencia, un informe a Modernización en el que se contemple "la evolución de los citados conceptos, que avale su cumplimiento y que prevea su disminución en un 30 % para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso".
Sobre los viajes al exterior, el decreto establece que sólo las autoridades de nivel de Ministro o superior podrán utilizar pasajes de clase ejecutiva, con la aprobación previa de Jefatura de Gabinete. En el caso de los funcionarios con rango de Secretario, sólo podrán hacer uso de clase ejecutiva cuando el viaje tenga una duración mayor a las ocho horas.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá efectuar en el plazo de 30 días un relevamiento de vehículos de uso oficial que se encuentren tanto a disposición del traslado de funcionarios como los destinados al uso operativo del área a la cual se encuentren asignados, y un informe de la flota óptima de vehículos, "a los efectos de posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y austeridad". Mientras se elabora dicho informe, el Gobierno decidió suspender los procesos de adquisición o alquiler con opción de compra de vehículos destinados a uso oficial que se encuentren en curso.
La medida lleva las firmas del presidente, Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de los ministros de Modernización, Andrés Ibarra, y de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne.