Imputaron por "peculado" al detenido por intentar vender vacunas en Berisso
El juez Agustín Carlos Crispo confirmó la detención del hombre, que tiene rango de funcionario público porque trabajaba en la logística de un vacunatorio y era parte de IOMA.
El hombre detenido por intentar vender dosis de Sinopharm a $5.000 se negó a declarar ante el fiscal Marcelo Martini. El juez Agustín Carlos Crispo confirmó la detención de Leonardo Alvarado, pedida por el fiscal, y le imputó el delito de peculado que se le aplica al funcionario público que “sustrajere caudales o efectos cuya administración le fue confiada”. El individuo tiene rango de funcionario público porque trabajaba en la logística de un vacunatorio y era parte de IOMA, la obra social del estado bonaerense. La pena para el delito de peculado es alta: de dos a diez años de prisión.
El fiscal allanó la vivienda de Alvarado, secuestró su computadora y otros elementos, y debe averiguar ahora si concretó ventas de la supuesta vacuna. Hoy por hoy, Martini piensa que efectivamente Alvarado accedió a dosis o, como mínimo, a frascos vacíos auténticos, porque en el vacunatorio faltan 27 frascos de Sinopharm. Sin embargo, las autoridades bonaerenses dicen que las vacunas fueron aplicadas, de manera que lo más probable es que Alvarado haya robado los frascos vacíos y los haya rellenado con solución fisiológica.
Como se sabe, el intendente de Berisso, Fabián Cagliari, junto a los ministerios de Salud y Seguridad bonaerenses hicieron la denuncia, para lo cual habían simulado la predisposición para hacer una compra. Esa es la razón por la que esta todo grabado y filmado. El siniestro argumento de Alvarado para robar y vender Sinopharm era que no le estaban pagando el sueldo y que por lo tanto se veía en la necesidad de caer en el delito y en la acción criminal de entregar vacunas sin el menor resguardo de conservación del frio. El ministro Daniel Gollan exhibió la prueba de que Alvarado mintió hasta en eso: cobró su sueldo en tiempo y forma y firmó el recibo correspondiente.
El juez Crispo autorizó el allanamiento de la vivienda de Alvarado donde se secuestró un chaleco de la campaña de vacunación y la computadora. El celular, que es clave, ya está secuestrado desde el momento de la detención, cuando un supuesto comprador, plantado por la Policía Bonaerense, fue al Parque Cívico de Berisso a concretar el traspaso. Alvarado sacó un frasquito de una bolsa de compras -las vacunas deberían estar en una heladera- y ahí lo aprehendieron. En la bolsa tenía otras siete dosis y 12 frascos vacíos.
El fiscal Martini cree que al menos los frascos son auténticos. La directora del vacunatorio ya declaró ante la policía y explicó que hay un conteo, tanto de las vacunas como de los frascos, y que existe un faltante de 27 frascos sustraídos de la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado de Berisso. Alvarado es funcionario público -por eso el juez le aplica el delito de peculado- porque trabajaba en la parte de logística del vacunatorio y tenía acceso a bolsas que contenían los frascos ya vaciados. De esa manera, las sospechas van hacia la hipótesis que deslizaron los ministros de Salud, Daniel Gollan, y Seguridad, Sergio Berni: robó frascos y los rellenó con un líquido inocuo, posiblemente solución fisiológica.
El fiscal Martini ahora tiene que trabajar en ver si Alvarado concretó otras ventas. Para eso ordenó la apertura del celular del detenido y avanzará en tomar declaraciones. Un hecho llamativo es que Martini todavía no accedió ni a la filmación de cuando Alvarado fue sorprendido con las manos en la masa ni tampoco se incorporó a la causa el recibo de sueldo original del sujeto.
Si se comprobara que en los frascos no había vacunas, el delito es el mismo, peculado, porque el funcionario se llevó efectos que estaban bajo su órbita. Pero además habrá que ver si se suma otra imputación como delito contra la salud. Sucede que la “venta” criminal de vacuna podría hacer pensar al comprador que está inmunizado, con las gravísimas consecuencias que eso tiene. Como es obvio, también el comprador será acusado, al menos por encubrimiento, el delito que se aplica a quien compra efectos robados.