El juez Adrián Félix Ferrán convocó a una audiencia de mediación a la Municipalidad de Pinamar y Pablo Martínez Carignano (ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial) por la prohibición de los cuatriciclos, UTV y camionetas en la zona de La Hoya y La Frontera, donde el 12 de enero ocurrió el accidente de Bastian Jérez, el nene de 8 años que fue sometido a 7 operaciones y todavía sigue internado a raíz del choque entre un UTV y una Volkswagen Amarok.
La medida se tomó luego de que el martes pasado el juez inspeccionara el lugar, acompañado por un secretario de su juzgado, para verificar el terreno en conflicto y comprobar las tareas de mejoras con motoniveladoras para delimitar calles y caminos que hizo la Municipalidad en estos días. Tras la recorrida, el magistrado citó a una audiencia presencial para el próximo martes 10 de febrero a las 12:30, a la que deberán concurrir todas las partes involucradas en el expediente, según informó el portal CNM Noticias.
Luego de la apelación del Municipio de Pinamar al fallo dictado por la Justicia de Dolores, en la audiencia convocada por el juez Ferrán se analizará si existen condiciones reales para levantar la medida cautelar que hoy impide la circulación en zonas como La Frontera y La Hoya. El martes pasado personal judicial realizó una inspección ocular en la zona de médanos y pidió al intendente Juan Ibarguren que aporte los nombres de los dueños de ambos terrenos.
“La idea nunca fue prohibir por prohibir. El objetivo es que se deje de poner en peligro a familias, turistas y chicos en los médanos. Si el intendente hace lo que tiene que hacer, la actividad puede retomarse”, explicó Martínez Carignano, que es quien presentó el amparo que motivó la medida y anticipó que le llevará al juez una propuesta para que la actividad pueda retomarse, pero bajo un esquema integral de prevención y control.
La propuesta plantea transformar lo que hoy es una práctica desordenada y peligrosa en una actividad regulada, trazable y controlada. Entre los puntos centrales se incluye la creación de un registro digital obligatorio, donde cada conductor deba inscribirse previamente con datos del vehículo, seguro, licencia habilitante, acompañantes —solo mayores de 18 años— y una declaración jurada de cumplimiento de normas básicas de seguridad.
También –según informó Clarín– se prevé un sistema de turnos, cupos y horarios para evitar la saturación de los médanos y los cruces peligrosos; un único punto de ingreso y egreso con control policial y municipal, con check-in mediante código QR; y una zonificación del espacio, separando cuatriciclos, motos, UTV y camionetas, con señalización de velocidades, sentidos de circulación y zonas restringidas.
Además, la propuesta exige presencia permanente de personal de fiscalización, ambulancias y equipos de rescate, junto con prohibiciones expresas: nada de carreras, alcohol, menores de edad, maniobras temerarias ni exceso de velocidad. Las infracciones implicarían expulsión inmediata, multas y exclusión del sistema.
“El enfoque es preventivo”, señaló Martínez Carignano. “Hoy cualquiera entra, acelera, se cruza con gente caminando, familias con chicos, vemos camionetas y cuatriciclos sin reglas, es absurdo que esto se permita. Eso no es turismo aventura: es una locura que el Estado tiene la obligación de subsanar”.
La propuesta también contempla que el sistema pueda ser autosustentable, mediante el pago por turnos que permita financiar controles, tecnología y campañas de seguridad vial, sin cargar el costo al contribuyente común.
De cara a la audiencia judicial, Martínez Carignano fue claro: “La prohibición solo debería levantarse cuando el Municipio demuestre que el registro ya está operativo, que hay accesos controlados, personal, señalización y cupos, así como una fuerte campaña de difusión. Si no, habilitar es permitir nuevamente un riesgo cierto, previsible y evitable. La cuestión es si Pinamar está dispuesto a pasar de la improvisación a una gestión seria del riesgo. Ojalá que así sea, por el bien de todos”.
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