Según reveló revista La Tecla, la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, a través de su Unidad de Investigación de Delitos Económicos, elevó un informe al fiscal interviniente en una causa que investiga presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos del Municipio de Villa Gesell.
El documento, fechado el 1 de agosto de 2025, analiza las declaraciones del secretario de Hacienda Víctor Ciriaco, la tesorera municipal Silvia Jorge y el ex secretario de Hacienda Jonathan Tranon, todos señalados por maniobras administrativas vinculadas al uso de recursos destinados a obras públicas durante los años 2015 y 2016.
De acuerdo con la investigación, los funcionarios habrían utilizado parte de esos fondos en plazos fijos bancarios con fines distintos a los previstos originalmente, sin reintegrar los intereses generados al Municipio, lo que podría configurar una posible malversación de caudales públicos.
Además, el informe detalla que se detectaron pagos sin respaldo documental y movimientos de cuentas municipales fuera de los criterios que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades. También se menciona la existencia de firmas y autorizaciones vinculadas a Tranon, quien en ese momento ocupaba un rol político relevante en el área de Gobierno y habría avalado algunas de las órdenes de pago observadas.
El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) ya había advertido en ejercicios anteriores sobre irregularidades en la imputación de intereses y la utilización de recursos afectados a obras, lo cual derivó en una nueva revisión por parte de la Procuración General.
En sus descargos, Ciriaco, Jorge y Tranon sostuvieron que actuaron conforme a las normas administrativas vigentes y que no existió perjuicio económico para la Municipalidad. Sin embargo, el informe de la Unidad de Delitos Económicos concluyó que las explicaciones no resultan suficientes para eximirlos de responsabilidad penal, por lo que la investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público bonaerense.
El expediente forma parte de una serie de actuaciones impulsadas por la Procuración para reforzar los controles sobre el manejo de fondos públicos municipales y detectar eventuales delitos contra la administración.
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