Las estafas virtuales están a la orden del día y cada vez son más los casos de vecinos de la Región que son víctimas de distintos tipos de engaños que los llevan a perder miles de pesos.
En las últimas horas hubo dos nuevas estafas: en Pinamar, una mujer intentó vender palos del golf y le sacaron dinero de su cuenta bancaria; en General Madariaga una jubilada fue engañada con una falsa promoción de Camuzzi donde le ofrecían descuentos.
En el primero de los hechos la víctima publicó en Facebook la venta de palos de golf y, a los pocos minutos, un usuario se contactó interesado por la oferta.
El eventual comprador llegó a un acuerdo con la víctima y le mandó una captura de pantalla de un giro bancario con un importe erróneo por lo que pedía la devolución de una parte del dinero.
La estafa continuó con datos falsos de un contacto bancario y el envío de un link que permitiría revertir ese error la devolución. Al entrar al mismo, la mujer que deseaba efectuar la venta, sufrió el bloqueo del homebanking que tenía abierto en el celular y le sustrajeron en cuestión de minutos unos $200.000, informó el sitio Central de Noticias Madariaga.
En el segundo de los casos, una jubilada de 76 años denunció que fue engañada por falsos empleados de la empresa Camuzzi Gas Pampeana.
La víctima, que reside en General Madariaga, contó que recibió un llamado telefónico de un hombre quien refirió ser empleado de la empresa Camuzzi y le ofreció acceder al subsidio de la boleta de gas y la orientó a realizar movimientos dudosos en su cuenta bancaria del Banco Provincia.
Luego de algunas horas, la mujer constató que tenía una transferencia realizada desde su cuenta bancaria por un importe de $400.000 a una cuenta desconocida.
Este tipo de estafas, con promesas de falsos descuentos en las boletas de servicios, se dieron con frecuencia en los últimos días en General Madariaga por lo que, desde el Municipio, pidieron a la comunidad estar atentos y no brindar ningún tipo de datos por teléfono o vía WhatsApp.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.