El Tribunal Oral Nº 3 de Mar del Plata condenó a 14 años de prisión a un hombre acusado de haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de su pareja, en una serie de hechos ocurridos entre 2012 y 2013 en Coronel Vidal.
De acuerdo al fallo de los jueces Federico Wacker Schroder, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro, al que accedió el diario La Capital de Mar del Plata, el hombre -cuyos datos filiatorios no se publican para proteger la identidad de la víctima- aprovechó “la situación de convivencia preexistente con la nombrada y abusó sexualmente de ella y en más de una oportunidad”.
De acuerdo a la prueba exhibida en el juicio oral que finalizó días atrás, todo ocurrió en una vivienda de Coronel Vidal, cuando la joven era una niña de entre 8 y 9 años. Bajo ejercicio de la violencia física, la intimidación y las amenazas, el hombre violó a la menor sistemáticamente mediante tocamientos y al menos en cinco oportunidades a través del acceso carnal.
Durante el debate también se cuestionó el rol de la madre de la víctima, a quien los investigadores señalaron como una promotora de los abusos. A la mujer se la había acusado de “vestir a su hija en forma provocativa -conforme la edad que tenía en ese momento-, haciéndola bailar frente a otros sujetos de sexo masculino mayores de edad en fiestas que organizaba en su vivienda quienes le levantaban la pollera y le decían cosas como ‘vení’, ‘tengo algo para vos’, ‘sos igual a tu mamá'”.
Los testigos -entre ellos la abuela materna de la damnificada- corroboraron la existencia de los hechos, pero mencionaron que la mujer padecía trastornos mentales y también era víctima de violencia de género por parte del hombre.
Al evaluar los indicios demostrados en el proceso, los jueces consideraron que la actitud de la madre de la joven fue, en rigor, pasiva frente a la situación que sufría su hija, pero no consideraron probado delito alguno, ya que la promoción de la corrupción de un menor debe constituirse por acción directa y no por omisión, como señalaron que sucedió en este caso.
Según quedó probado, para violar a la niña -nacida en 2004- el hombre la amenazaba con matar a su abuela y hacerle daño a su hermana.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.