La Asociación Bancaria (AB) y las cámaras empresarias acordaron hoy en el Ministerio de Trabajo, en el contexto de la revisión paritaria, un aumento salarial del 75 por ciento para el periodo enero - agosto de este año, por lo que el salario mínimo inicial será para ese último mes de casi 420.000 pesos, informó el titular de la organización, Sergio Palazzo.
Un documento firmado por el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo, indicó que el acuerdo determinó que el salario mínimo inicial en agosto, al que se sumará participación en las ganancias (ROE), se elevará a 419,864,81 pesos entre haber (405.222,32 pesos) y ganancias (14.642,49 pesos).
Además, sindicalistas y empresarios convinieron el pago de 361.241,68 pesos en concepto del bono por el Día del Bancario el 6 de noviembre, que es no laborable.
“En un muy difícil contexto económico, se acordó con las cámaras el incremento salarial para agosto, que consiste en un adelanto del 9% sobre las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales sobre la base de los salarios de diciembre, lo que totaliza una mejora del 75% entre enero y agosto”, aseguró.
Los dirigentes señalaron en un documento en representación del Secretariado General Nacional que con el objeto de que los ingresos no pierdan pode adquisitivo contra la inflación las partes convinieron “una cláusula gatillo retroactiva, por lo que para el supuesto que la inflación supere el 75% a agosto último, las empresas ajustarán la diferencia y harán retroactivo a ese mes ese porcentaje”, añadieron los gremialistas.
La organización gremial indicó que la suma fija recientemente otorgada por el Gobierno nacional quedará absorbida hasta “su concurrencia si corresponde, según el decreto”.
“La Bancaria continúa manteniendo la premisa de que los trabajadores no deben ser la variable de ajuste de la economía y de que es preciso salvaguardar el poder adquisitivo del salario de los empleados de la actividad”, concluyeron Palazzo y Bustelo.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.