Gremios que representan a distintos sectores de estatales bonaerenses se encuentran a la espera de un nuevo llamado del Ejecutivo provincial para discutir salarios en medio de los cambios en el Ministerio de Trabajo, mientras que el gobernador Axel Kicillof se mostró ayer a favor de las sumas fijas para recomponer ingresos.
El Gobierno bonaerense retomó la semana pasada la discusión salarial con los gremios docentes, con los sindicatos de los estatales enmarcados en la ley 10.430 y con los judiciales de la AJB. Tras mantener reuniones con los tres sectores el miércoles, la Provincia se comprometió en convocar nuevamente a la brevedad a las distintas organizaciones.
En tanto, un día después, Kicillof anunció que el sindicalista Walter Correa reemplazará a partir de este lunes en el Ministerio de Trabajo bonaerense a Mara Ruiz Malec, quien arribará como directora general de los Recursos de Seguridad Social a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Según informó la agencia DIB, el cambio en Trabajo generó cierta inquietud en el sector gremial en cuanto a la posibilidad de que las negociaciones se retrasen. “Se suponía que nos iban a convocar esta semana, el tema que en el medio cayó el cambio del Ministro de Trabajo”, le señalaron a DIB fuentes de Cicop. Y agregaron: “Lo primero que hicimos fue reclamar la continuidad de esa discusión”.
En igual sentido se expresaron desde UPCN: “El Gobierno tenía comprometido con nosotros un llamado para esta semana que viene. No sabemos que irá a pasar con este cambio de ministro”, indicaron.
En igual sentido se expresaron desde UPCN: “El Gobierno tenía comprometido con nosotros un llamado para esta semana que viene. No sabemos que irá a pasar con este cambio de ministro”, indicaron.
Por otro lado, Kicillof salió ayer a destacar el otorgamiento de sumas fijas como metodología para recuperar salario al señalar que “es una solución que puede aportar una rápida respuesta” y que “afecta de una manera proporcional mayor en los salarios más bajos”.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.