El gobierno de la provincia de Buenos Aires emitió en las últimas horas un aviso de alerta “amarillo” por la presencia de cianobacterias en la laguna de Chascomús, que se suma al alerta “rojo” que continúa vigente para la laguna de Gómez (Junín).
El aviso para Chascomús es de “bajo riesgo”, según detalló la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia a través de su Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias.
El organismo señaló que en la laguna se ven pequeñas manchas dispersas y recomendó “enjuagar con agua limpia” después de bañarse en la misma. Además, advirtió que no se debe consumir el agua.
De una tonalidad azul verdosa, las cianobacterias son microorganismos que se nutren de la materia orgánica alojada en el agua y realizan fotosíntesis. Las toxinas que liberan pueden provocar una amplia variedad de infecciones gastrointestinales, respiratorias, neurológicas, de la piel, de los oídos y de los ojos. Los síntomas más comunes son diarrea, erupciones cutáneas, dolor de oído, tos e irritación ocular.
Para monitorear la situación, el gobierno provincial desarrolló el Sistema de Alerta Temprana por cianobacterias mediante el cianosemáforo. Se trata de mapa que se actualiza diariamente para que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud. El cianosemáforo se puede consultar en gba.gob.ar/cianobacterias, dónde además se puede encontrar material descargable para difusión sobre qué son y cómo actuar en caso de contacto.
El alerta de Chascomús se suma al ya vigente para la laguna de Gómez, en Junín. En esta última el riesgo es “alto” y “el agua es de una masa verde oscura, amarronada o rojiza, con aspecto de nata espesa”.
“No se debe usar para consumo de forma directa o para higiene personal”, señaló Recursos Hídricos sobre los cuidados a tener en cuenta en Junín. Y agregó: “alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca” y “no consumir alimentos que provengan del río o laguna”.
En tanto, no hay avisos de riesgo para las zonas del Río de La Plata en los distritos de Berisso y Ensenada, donde días atrás hubo alertas de color “amarillo”.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.