La relación de vulnerabilidad de los inquilinos respecto de las inmobiliarias y de los dueños de los inmuebles se vio potenciada durante este tiempo de cuarentena, un hecho que se reflejó con los diferentes reclamos que las personas que alquilan realizaron en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Entre las principales quejas aparecieron la imposibilidad de realizar mudanzas y los intentos de desalojo, una situación de conflicto generada por el incumplimiento del decreto del gobierno nacional que ordenó frenarlos, como así también prorrogar los contratos y congelar los precios de los alquileres.
En cuanto a las mudanzas, varios inquilinos denunciaron inconvenientes a la hora de trasladar sus pertenencias a un nuevo hogar, pero estos problemas quedaron solucionados en parte con la disposición gubernamental que las habilitó.
Resta la normativa local de cada municipio para autorizar el servicio de mudanza en cada territorio, como así también la mudanza interjurisdiccional y aquellos casos de contratos firmados justo antes del inicio del aislamiento obligatorio en los que no se llegó a realizar íntegramente la mudanza.
Por otro lado, muchos dueños pretendieron desalojar a los inquilinos por falta de pago recurriendo a la violencia o medios extorsivos. En estas situaciones quedaron en evidencia la falta de un mayor control policial, con mayor preparación en la materia y que actúe rápidamente ante el conflicto.
También se denunciaron casos en que muchos locadores e inmobiliarias no respetaron la prórroga automática de los contratos de alquiler contemplada en el contrato, pretendiendo hacer firmar al inquilino un nuevo contrato con un monto de alquiler mensual mayor. Lo mismo sucedió con episodios en los que se pretendió cobrar el alquiler con el monto actualizado haciendo “oídos sordos” al congelamiento de alquileres decretado en la norma.
“La reciente sanción de la Ley de Alquileres nos muestra la importancia de actualizar las normas a favor de los inquilinos, pero también nos pone ante la exigencia de que las autoridades deben tener un control firme a la hora de que se respeten estas obligaciones”, sostuvo el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
En esa línea, recomendó “prestar atención a las demandas y las situaciones límite que atraviesan los inquilinos. Esto nos llevará a elaborar políticas que los beneficien, sobre todo en este contexto de pandemia. Pero con esto no alcanza, hay que actuar en la realidad para que se cumplan, para que quienes no pueden acceder a una casa propia no sigan siendo cada vez más vulnerados”.
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