En el marco de las medidas preventivas ante la pandemia actual, la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Dolores, se une a la fabricación de barbijos, a través de la creación de un Taller Textil, que cumple con todas normas de bioseguridad, provistas por la Dirección General de Trabajo a través de su Departamento de Seguridad e Higiene.
Previa desinfección del espacio físico y de las superficies donde funciona el Taller, el proceso comienza con la colocación de la indumentaria apropiada, que consta de pantalón largo, camisolín, cubre zapatos, cofia y barbijo. Luego, se inicia la producción en serie, que básicamente se consiste en cuatro pasos específicos: corte, armado y costura, lavado y secado a plancha.
La tela de friselina que se utiliza es de alto gramaje y se coloca doble, para optimizar la eficiencia en su uso. La materia prima se encuentra en un sector determinado, en orden y al resguardo de cualquier agente contaminante.
La mano de obra es llevada a cabo por privados de la libertad y personal del establecimiento penitenciario, que han sumado máquinas de coser particulares para ampliar la producción. En principio, se destinará una cantidad estipulada de barbijos a los agentes que prestan servicio en este establecimiento penitenciario, a la par de ir generándose un stock para abastecer a las unidades carcelarias que lo necesiten.
El subdirector de Trabajo Penitenciario, Daniel Osvaldo Mujica; el director de Trabajo Penitenciario, Pablo Jotayan, y el jefe del departamento de Seguridad e Higiene perteneciente a la Dirección General de Trabajo Penitenciario, Gerardo Vázquez, fueron recibidos por el director de la Unidad, Emilio Lupo y sus subdirectores, para visitar el Taller Textil.
Una vez allí, fiscalizaron el proceso de producción, entregaron materia prima junto a elementos de protección personal a cada uno de sus integrantes y brindaron una capacitación técnica dedicando especial hincapié en las medidas de higiene, confección, manipulación, uso y conservación de los barbijos elaborados.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.