El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana frente a Casa Rosada la presentación de la campaña de documentación “Verano 2020”, que tendrá presencia en los principales centros turísticos de nueve provincias para facilitar la tramitación del DNI y el pasaporte.
El mandatario y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro recorrieron los móviles del Registro Nacional de las Personas (Renaper) junto a los agentes que integrarán el operativo.
Bajo el lema “Identidad Para Todxs”, la iniciativa abarcará los principales puntos de concentración turística de la costa atlántica y se extenderá a diversas ciudades donde se celebran carnavales y fiestas populares.
La campaña contará con 500 agentes que brindarán, en grupos rotativos, atención ininterrumpida durante todo el verano. Estarán equipados con 10 camionetas, dos camiones fábrica, un camión tomador de trámites y un parador.
En las distintas modalidades, la capacidad superará las mil operaciones por día. La atención al público será de lunes a lunes de 9 a 13 y de 17 a 21.
En Mar del Plata habrá un camión fábrica ubicado en la céntrica Plaza Colón y dos camionetas recorrerán distintas playas y barrios del partido de General Pueyrredón, mientras que se instalarán un parador en Cariló y un camión tomador en Santa Teresita.
También habrá camionetas itinerantes en Valeria del Mar, Villa Gesell, Las Gaviotas, Mar Azul, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, San Bernardo, Las Toninas, Mar de Ajó, Santa Clara del Mar y Miramar.
La campaña se extenderá a las fiestas nacionales del Sol (San Juan) y de la Vendimia (Mendoza), a los festivales de Jesús María y Cosquín (Córdoba) y a los carnavales de Gualeguaychú (Entre Ríos) y Paso de los Libres (Corrientes).
Están previstos, además, operativos en las ciudades de Purmamarca, Tilcara y Humahuaca (Jujuy), Villa Carlos Paz (Córdoba), San Carlos de Bariloche y Las Grutas (Río Negro) y Salta.
La iniciativa se enmarca en una estrategia integral que apunta a fortalecer la presencia federal del Estado (mediante la alianza del Renaper con otros organismos como Migraciones, Seguridad Vial y la Anses) para garantizar el derecho a la identidad de todos.
De la actividad participaron también el secretario de Interior, José Lepere, y el director del Renaper, Santiago Rodríguez.
30 de abril. El accidente ocurrió en la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 136, en jurisdicción de Chascomús. El vehículo impactó contra el guard-rail y terminó debajo del puente. El conductor logró salir por sus propios medios.
30 de abril. Se actualizan los haberes con una suba del 3,4%, aunque la suma extra se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana de mayo.
30 de abril. El viernes pasado se encontró un mensaje dirigido a directivos junto a dos proyectiles dentro del establecimiento. Se dispuso la suspensión preventiva de la presencialidad mientras avanza la investigación. La comunidad educativa pidió condiciones para retomar las clases.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.