La referente de La Libertad Avanza en Dolores, Milena Suárez, ratificó que su espacio presentará lista propia en las elecciones legislativas de septiembre y descartó un acuerdo con el exintendente Camilo Etchevarren, del PRO, con quien mantuvo diferencias públicas en los últimos meses.
En diálogo con Radio Dolores, Suárez aseguró que “para junio vamos a tener la lista cerrada y con referentes locales que representen al proyecto de Javier Milei”, y remarcó: “Nosotros somos La Libertad Avanza. No vamos a hacer frente con ninguna otra fuerza”.
Las declaraciones se dan en medio del debate interno que atraviesan el PRO y LLA en distintos distritos bonaerenses, donde en las altas esferas hay conversaciones para confluir en listas únicas, aunque también fuertes resistencias. En Dolores, Suárez es una de las dirigentes que sostiene la necesidad de mantener una identidad política diferenciada.
Consultada sobre la posibilidad de un entendimiento con quien fuera intendente dolorense entre 2007 y 2023, expresó: “Hoy no lo veo posible. Es difícil lograr un diálogo con alguien que pretende imponerse como si fuera el dueño de una boleta que no le pertenece”. Y agregó: “Nosotros denunciamos hechos graves en su gestión. La justicia local no actuó con independencia, y muchas de esas causas fueron archivadas en Bahía Blanca”.
Sin dar nombres, Suárez, que supo ser una dirigente cercana al ex intendente peronista Alfredo Meckievi, remarcó que dentro de La Libertad Avanza no hay lugar para quienes usaron el Estado para enriquecerse: “Si sos corrupto, te van a sacar. Esa es la línea que nos marcó Milei y que sostenemos en todos los niveles”.
Además, la dirigente celebró el resultado obtenido por LLA en la reciente elección porteña, donde la lista encabezada por Manuel Adorni se impuso, y lanzó un mensaje al PRO: “Falleció el PRO: quedó tercero en su principal distrito”, escribió en sus redes sociales.
La interna opositora en Dolores promete escalar en las próximas semanas, a medida que se acerca el cierre de listas del 19 de julio. Mientras tanto, desde LLA afirman que trabajan para consolidar una opción “nueva, clara y sin ataduras con el pasado”.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.