En la última sesión ordinaria, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto impulsado por la legisladora del Frente de Todos, Gabriela Demaría, con el objetivo de modificar e incorporar artículos a la Ley 14.374 ampliando los derechos de las consumidoras y los consumidores vinculados a los cambios y devoluciones de bienes en el marco de las relaciones de consumo.
La iniciativa, que ahora fue girada a la Cámara de Diputados, establece por un lado que las personas consumidoras “contarán con un plazo mínimo de 30 días para realizar el cambio o la devolución de los bienes adquiridos” y que “al recibir el cambio o la devolución, el proveedor está obligado a reconocer el valor del producto al momento de realizada la compra”.
Además, en el mismo artículo incorpora que “si al efectuarse el cambio de producto existiere un saldo a favor de la persona consumidora, el proveedor deberá reembolsar la diferencia en dinero en efectivo o a través de una nota de crédito, a elección del consumidor. Del mismo modo deberá proceder en caso de que opte por devolver el producto”.
Por otro lado, el proyecto impulsado por la Dra. Demaría, presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado bonaerense, propone incorporar a la norma un artículo para que la protección también alcance a los usuarios y las usuarias de servicios, quienes podrán efectuar la solicitud de baja sin que medien restricciones de días y horarios. De esta forma, la misma podrá efectuarse en forma presencial en sus locales comerciales o por cualquier medio de comunicación utilizado por la empresa para vincularse con las personas usuarias.
“La constante evolución del Derecho del Consumidor impone el desafío de sancionar normas y renovar las ya vigentes, con el objetivo de que reconozcan la realidad actual de distintas situaciones o problemáticas que son de la órbita de esa rama del derecho”, explicó la senadora provincial por la Quinta Sección en los fundamentos del proyecto.
"Tal es el caso de la Ley 14.374, que buscamos modificar para ampliar los derechos de las personas usuarias y consumidoras en la provincia de Buenos Aires, incorporando estos aspectos que actualmente no se contemplan”, concluyó Demaría.
15 de abril. Caída de la coparticipación, recesión y ajuste nacional configuran un escenario crítico. En la Provincia y la región, los intendentes advierten que sostener salarios y prestaciones básicas empieza a ser cada vez más difícil.
15 de abril. Con fuerte presencia bonaerense, jefes comunales de todo el país fueron hasta el Palacio de Hacienda para exigir que se retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo y que se reactiven las obras públicas. “Te cobran (el impuesto al combustible) y se quedan con la plata”, denunciaron.
13 de abril. La Provincia presentó una estrategia integral para ordenar, mantener y optimizar la red vial rural. El proyecto contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y apunta a replicarse en otros municipios bonaerenses.
12 de abril. Un análisis del periodista Jorge Liotti en La Nación reúne encuestas y trabajos académicos que configuran una radiografía inquietante: caída del apoyo a Javier Milei entre los sub-30, aumento del ausentismo y una percepción extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso.
09 de abril. El municipio iniciará un proceso participativo para planificar el crecimiento urbano y económico a mediano y largo plazo. El primer encuentro será el 17 de abril.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.