La Administración General de Puertos (AGP) inició desde anoche la gestión temporal de la vía navegable troncal, Hidrovía Paraná-Paraguay, por los próximos 12 meses, tal como lo estableció el Gobierno nacional.
De esta manera, este sábado comienza la intervención estatal en la administración de la vía fluvial, donde el Ejecutivo trabajará con las provincias y los distintos actores que intervienen en el canal para elaborar el pliego de una nueva licitación internacional.
En ese marco, a partir de hoy el interventor de la AGP, José Beni, tendrá bajo su órbita el mantenimiento de la Hidrovía hasta que se adjudique la licitación de largo plazo por el dragado, balizamiento, control y cobro del peaje de la vía fluvial.
La decisión se tomó el pasado primero de julio, a través del decreto Nº 427/21, del Boletín Oficial, donde el presidente Alberto Fernández determinó el pasaje de la Hidrovía de manos de la última concesión privada al control estatal.
En ese contexto, mientras la AGP administre el canal fluvial, el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado a fines de agosto, organizará en paralelo la licitación larga que se resolverá en un año.
A la par, el Ente de Control también adjudicará el futuro contrato por el dragado, balizamiento, control hidrométrico y cobro del peaje de la vía por la que se traslada el 80% del volumen del comercio exterior argentino.
El proceso de finalización de la actual concesión se originó hace un año como resultado directo de la conformación del Consejo Federal Hidrovía, con representación del Poder Ejecutivo Nacional y de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
Vale aclarar que en 1995, el Gobierno menemista otorgó la concesión de las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Paraná al consorcio Hidrovía, integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa.
Esta concesión venció el 30 de abril último, pero se estableció una prórroga para iniciar un proceso que permita definir el formato o modalidad de operación de la principal vía navegable troncal, que devino en el control estatal por 12 meses desde mañana.
A partir de esa fecha, la AGP deberá determinar la delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y secciones en las que se conformará o segmentará la vía navegable troncal.
De este modo, dichos tramos se podrán ver afectados o desafectados respecto del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, en relación con los distintos servicios que se prestan en los mismos cuando se licite la Hidrovía.
Por otra parte, el organismo que conduce Beni tiene que establecer el procedimiento para la eventual revisión de tarifas o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago.
Asimismo, la AGP tendrá que precisar el plan de obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para su ejecución, como también los niveles de calidad o estándares para la adecuada prestación de los servicios conexos involucrados.
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