La Cámara de Senadores bonaerense sancionó la ley que autoriza al gobernador, Axel Kicillof, a comprar vacunas contra el Coronavirus para fortalecer la campaña de vacunación ante el incremento de contagios en el marco de la segunda ola del virus.
La iniciativa, aprobada la semana pasada en Diputados, fue sancionada esta tarde por unanimidad en el Senado, en el marco de una sesión especial a la que convocó la vicegobernadora provincial, Verónica Magario.
En este marco, la senadora costera Gabriela Demaría expresó: “Convertimos en Ley el proyecto que habilita al Poder Ejecutivo a realizar las gestiones para la compra vacunas con el objetivo de mitigar el avance del COVID-19. Una ley necesaria para que el gobierno provincial pueda generar contratos para la adquisición de vacunas en el mercado internacional”.
La norma establece también que los contratos a firmarse deberán tener el aval de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía de Estado y, una vez firmados, deberán informarse a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de la Emergencia, que funciona en la Legislatura provincial.
En sus fundamentos, el proyecto enviado por el gobernador Kicillof, expresa que en el contexto actual “se presenta como imprescindible dotar al Poder Ejecutivo (bonaerense) de las facultades que resulten necesarias para contribuir a mejorar la disponibilidad de dosis, estableciendo el marco jurídico que demanda esta clase de transacciones en el mercado internacional”.
Se prevé, de este modo, facultar al Ejecutivo a iniciar negociaciones y celebrar contratos (incluyendo la moneda extranjera) que resulten necesarios para la adquisición de vacunas.
En el @Senado_BA convertimos en Ley el proyecto que habilita al Poder Ejecutivo a realizar las gestiones para la compra vacunas con el objetivo de mitigar el avance del COVID-19. Una ley necesaria para que el gobierno provincial pueda generar contratos (sigue) pic.twitter.com/t2lZn7ldWF
— Gabriela Demaría (@gabidemaria_ok) May 18, 2021
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02 de febrero. Juan Ibarguren anticipó que apelará la medida cautelar del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores que suspendió las actividades motorizadas en La Frontera. Afirmó que se trata de una práctica “cultural” de Pinamar, defendió su impacto económico y pidió más controles en lugar de prohibiciones.
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