La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) había denunciado hace una semana que el programa Incluir Salud y el Ministerio de Salud bonaerense les adeudan 700 millones de pesos.
Ayer, el titular de ARD, Alfredo Casaliba, confirmó que a partir de hoy los centros de salud nucleados en la asociación que él preside dejarán de prestar el servicio y que lo hospitales públicos deberán hacerse cargo de estos pacientes, aunque señaló que la mayoría de ellos no están en condiciones de asumir dicha responsabilidad.
Esta semana Verónica Cuco recibió la noticia de que el centro marplatense Nefrología Lamadrid interrumpirá su tratamiento. “No te podemos atender más porque no pagan”, le dijeron. No solo a ella, sino también a otros 30 pacientes que asisten al mismo centro de salud. “Dependemos del programa Incluir Salud. Pero nos están dejando morir al no pagar. Sin diálisis me muero. Y no me quiero morir”, le contó Verónica a La Capital.
“Nos dejan a todos los pacientes de diálisis en la calle. Esto es abandono de persona. Estamos desesperados y no somos alarmistas. Esto es de vida o muerte. Si no me hago diálisis, me muero; tengo miedo”, agregó Cuco, con la entendible angustia del caso.
La gravedad de la situación motivó que el diputado provincial Avelino Zurro presentara una solicitud de informes al Poder Ejecutivo bonaerense “para que a través del IOMA y por su intermedio quien corresponda, se sirva informar de forma urgente y a la mayor brevedad posible sobre diversos aspectos relacionados con la cobertura del servicio de hemodiálisis –en el marco del Programa Incluir Salud– que se presta en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia también se movió para destrabar cuando antes el conflicto. El Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, se entrevistó con el presidente de IOMA, Pablo Di Liscia, y con el titular de la Unidad Ejecutora de Incluir Salud en la Provincia, Nicolás Ginobili.
05 de junio. “Para nosotros es fundamental. Recibimos entre 50.000 y 80.000 turistas”, dijo Gustavo Barrera durante una reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debatieron dos proyectos para reorganizar el calendario de feriados.
02 de junio. Como adelantó Entrelineas.info y reconoció Carlos Bianco, varios municipios del interior bonaerense enfrentan una crisis económica profunda. El caso de Villa Gesell expone la gravedad del escenario: recortes de funcionarios, fusión de áreas y preocupación por el pago de sueldos y aguinaldos.
31 de mayo. Mientras Milei, el PRO y parte del radicalismo negocian un frente antiperonista en la provincia, en municipios como La Costa la unidad suena más a fantasía que a plan real. Todos contra todos: acusaciones cruzadas, internas al rojo vivo y alianzas fallidas dibujan un escenario donde cualquier acuerdo parece más un rejunte que una alternativa de poder.
28 de mayo. Esteban Santoro, intendente madariaguense, se convirtió en el primer dirigente político importante que denuncia directamente a la obra social de los jubilados. Jorge Villalba, secretario de Salud geselino, anticipó que el municipio también prepara una denuncia formal.
27 de mayo. El 6 de junio, Javier Milei será recibido por el sucesor de Francisco en el Vaticano. Luego viajará a Italia, Francia e Israel, en una gira marcada por contradicciones ideológicas, tensiones globales y objetivos diplomáticos.
26 de mayo. El ajuste nacional ya impacta de lleno en las finanzas locales: varias comunas del interior bonaerense advierten graves dificultades para cumplir con sus obligaciones. Villa Gesell declaró la emergencia económica, mientras que en el vecino Partido de La Costa confirmaron que los pagos están garantizados. “Hay municipios muy complicados”, advirtió el ministro Carlos Bianco.
22 de mayo. La referente local de La Libertad Avanza descartó cualquier alianza con el exintendente y denunció irregularidades durante su gestión. “Nosotros no hacemos acuerdos con quienes usaron el Estado”, aseguró.
22 de mayo. Por la decisión de no trasladar el 12 de octubre, que este año cae domingo, distintos municipios turísticos de la Quinta Sección advierten que perder el fin de semana largo afectará gravemente las economías locales. Piden al Congreso que revierta la medida.