La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) había denunciado hace una semana que el programa Incluir Salud y el Ministerio de Salud bonaerense les adeudan 700 millones de pesos.
Ayer, el titular de ARD, Alfredo Casaliba, confirmó que a partir de hoy los centros de salud nucleados en la asociación que él preside dejarán de prestar el servicio y que lo hospitales públicos deberán hacerse cargo de estos pacientes, aunque señaló que la mayoría de ellos no están en condiciones de asumir dicha responsabilidad.
Esta semana Verónica Cuco recibió la noticia de que el centro marplatense Nefrología Lamadrid interrumpirá su tratamiento. “No te podemos atender más porque no pagan”, le dijeron. No solo a ella, sino también a otros 30 pacientes que asisten al mismo centro de salud. “Dependemos del programa Incluir Salud. Pero nos están dejando morir al no pagar. Sin diálisis me muero. Y no me quiero morir”, le contó Verónica a La Capital.
“Nos dejan a todos los pacientes de diálisis en la calle. Esto es abandono de persona. Estamos desesperados y no somos alarmistas. Esto es de vida o muerte. Si no me hago diálisis, me muero; tengo miedo”, agregó Cuco, con la entendible angustia del caso.
La gravedad de la situación motivó que el diputado provincial Avelino Zurro presentara una solicitud de informes al Poder Ejecutivo bonaerense “para que a través del IOMA y por su intermedio quien corresponda, se sirva informar de forma urgente y a la mayor brevedad posible sobre diversos aspectos relacionados con la cobertura del servicio de hemodiálisis –en el marco del Programa Incluir Salud– que se presta en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia también se movió para destrabar cuando antes el conflicto. El Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, se entrevistó con el presidente de IOMA, Pablo Di Liscia, y con el titular de la Unidad Ejecutora de Incluir Salud en la Provincia, Nicolás Ginobili.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.