Sábado 23 de noviembre de 2024
01 NOV 2019 - 12:37 | Política
Crisis económica y salud pública

Desesperado pedido de pacientes que ven interrumpido su tratamiento de diálisis

La vida de varios bonaerenses corre peligro a raíz de una millonaria deuda que el programa federal Incluir Salud y la Provincia mantienen con varios centros de salud, que a partir de hoy no brindarán más el servicio que venían prestando.

Cada sesión de diálisis en un centro privado cuesta alrededor de $ 7.000.

La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) había denunciado hace una semana que el programa Incluir Salud y el Ministerio de Salud bonaerense les adeudan 700 millones de pesos.

Ayer, el titular de ARD, Alfredo Casaliba, confirmó que a partir de hoy los centros de salud nucleados en la asociación que él preside dejarán de prestar el servicio y que lo hospitales públicos deberán hacerse cargo de estos pacientes, aunque señaló que la mayoría de ellos no están en condiciones de asumir dicha responsabilidad.

Esta semana Verónica Cuco recibió la noticia de que el centro marplatense Nefrología Lamadrid interrumpirá su tratamiento. “No te podemos atender más porque no pagan”, le dijeron. No solo a ella, sino también a otros 30 pacientes que asisten al mismo centro de salud. “Dependemos del programa Incluir Salud. Pero nos están dejando morir al no pagar. Sin diálisis me muero. Y no me quiero morir”, le contó Verónica a La Capital.

“Nos dejan a todos los pacientes de diálisis en la calle. Esto es abandono de persona. Estamos desesperados y no somos alarmistas. Esto es de vida o muerte. Si no me hago diálisis, me muero; tengo miedo”, agregó Cuco, con la entendible angustia del caso.

La gravedad de la situación motivó que el diputado provincial Avelino Zurro presentara una solicitud de informes al Poder Ejecutivo bonaerense “para que a través del IOMA y por su intermedio quien corresponda, se sirva informar de forma urgente y a la mayor brevedad posible sobre diversos aspectos relacionados con la cobertura del servicio de hemodiálisis –en el marco del Programa Incluir Salud– que se presta en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia también se movió para destrabar cuando antes el conflicto. El Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, se entrevistó con el presidente de IOMA, Pablo Di Liscia, y con el titular de la Unidad Ejecutora de Incluir Salud en la Provincia, Nicolás Ginobili.