El gobierno de Mauricio Macri decidió, mediante una resolución del Ministerio de Energía, eliminar la tarifa social que protegía a los consumidores del servicio eléctrico con mayor grado de vulnerabilidad. La medida -Resolución 122/2018- lleva la firma de Javier Iguacel y establece la eliminación del beneficio mediante su traspaso a las Provincias, dio a conocer el portal Infocielo.
Se trata de una medida complementaria del traspaso de las concesiones y, en los hechos, deja al 28% de los usuarios del Conurbano Bonaerense sin el beneficio, al menos hasta que el gobierno de María Eugenia Vidal, si así lo decide, instrumente una medida que significaría un desembolso extra de subsidios, más allá de los 25 mil millones que implica el traspaso del sistema de transporte interurbano, otro de los "regalos" que el acuerdo con el FMI le entregó a Buenos Aires.
La tarifa social protegía con descuentos de hasta el 40% a los usuarios que se encontraran dentro de un rango de consumo de entre 150 y 200 kw/h por mes. El problema es que, hoy, la normativa provincial cobija al 2% de los usuarios bajo ese régimen, aunque se calcula que uno de cada cuatro usuarios lo obtuvo.
En la resolución se expresa que “para la continuidad del beneficio de la Tarifa Social, resulta indispensable la contribución de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el financiamiento de su aplicación en relación con los usuarios domiciliados en dichas jurisdicciones”.
La quita del beneficio será un impacto demoledor, que se sumará al aumento de tarifas previsto a partir de los consumos de septiembre, que promediará un 30% para los usuarios residenciales. Vale recordar que las distribuidoras del interior acumulan desde la llegada de Cambiemos al poder un 500% de aumento, en tanto que para el caso de la platense EDELAP, el porcentaje se acerca a 1.000. Sólo resta la firma del ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, para que se sume un 30% más.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.