El gobierno de Mauricio Macri decidió, mediante una resolución del Ministerio de Energía, eliminar la tarifa social que protegía a los consumidores del servicio eléctrico con mayor grado de vulnerabilidad. La medida -Resolución 122/2018- lleva la firma de Javier Iguacel y establece la eliminación del beneficio mediante su traspaso a las Provincias, dio a conocer el portal Infocielo.
Se trata de una medida complementaria del traspaso de las concesiones y, en los hechos, deja al 28% de los usuarios del Conurbano Bonaerense sin el beneficio, al menos hasta que el gobierno de María Eugenia Vidal, si así lo decide, instrumente una medida que significaría un desembolso extra de subsidios, más allá de los 25 mil millones que implica el traspaso del sistema de transporte interurbano, otro de los "regalos" que el acuerdo con el FMI le entregó a Buenos Aires.
La tarifa social protegía con descuentos de hasta el 40% a los usuarios que se encontraran dentro de un rango de consumo de entre 150 y 200 kw/h por mes. El problema es que, hoy, la normativa provincial cobija al 2% de los usuarios bajo ese régimen, aunque se calcula que uno de cada cuatro usuarios lo obtuvo.
En la resolución se expresa que “para la continuidad del beneficio de la Tarifa Social, resulta indispensable la contribución de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el financiamiento de su aplicación en relación con los usuarios domiciliados en dichas jurisdicciones”.
La quita del beneficio será un impacto demoledor, que se sumará al aumento de tarifas previsto a partir de los consumos de septiembre, que promediará un 30% para los usuarios residenciales. Vale recordar que las distribuidoras del interior acumulan desde la llegada de Cambiemos al poder un 500% de aumento, en tanto que para el caso de la platense EDELAP, el porcentaje se acerca a 1.000. Sólo resta la firma del ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, para que se sume un 30% más.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.
14 de diciembre. La crisis en el fútbol, la reforma laboral, la inflación que deja de bajar y los datos de la economía real configuran un escenario donde el Gobierno administra el tiempo, pero empieza a enfrentar los límites del calendario político y económico. Panorama político semanal.