Viernes 22 de noviembre de 2024
08 JUN 2020 - 19:21 | Política

El Gobierno dispuso la intervención y expropiación del Grupo Vicentin

La cerealera, actualmente en convocatoria de acreedores, será intervenida por 60 días para garantizar la continuidad de la empresa y la conservación de los puestos de trabajo.

Alberto Fernández anunció que firmó un DNU que dispone la intervención por 60 días de la empresa cerealera Vicentin.

Es una decisión “estratégica” que “favorece para lograr la soberanía alimentaria que el país necesita”. De esta manera anunció el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el rescate del Grupo Vicentin, uno de los conglomerados alimenticios más importantes del país.

Este grupo, actualmente en concurso de acreedores, se encuentra en medio de una “enorme crisis financiera”, con el Estado como principal acreedor.

La decisión del primer mandatario fue la intervención del grupo empresario y la designación de Gabriel Delgado al frente de esta intervención.

Delgado es doctor en finanzas y en economía agropecuaria. Se desempeñó como secretario de Agricultura durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La intervención desembarcará a partir de este martes, informó Ámbito.com.

Asimismo se enviará un proyecto de ley al Congreso disponiendo la expropiación de la compañía. En el proyecto trabajaron el ministro de Desarrollo, Matías Kulfas, y la senadora Anabel Sagasti.

Fernández recordó que se trata de una empresa líder en el mercado agropecuario y sostuvo que “el propósito es que continúe y sus trabajadores tengan continuidad”, como así también que “alrededor de 2.600 productores puedan seguir contando con una empresa a la que venderle lo que producen”.

El presidente remarcó que “todos los empleados continuarán en sus puestos”. Se trata de una empresa que tiene 1.300 puestos de trabajo directos y a ello se le debe sumar otro tanto de puestos de trabajo indirecto.

Vicentin solicitó en febrero pasado la apertura de su concurso preventivo de acreedores. En total, según medios judiciales, la deuda de la compañía asciende a u$s1.350 millones, de los cuales unos 1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.