Virginia Aparicio es investigadora de la Estación Experimental del INTA de Balcarce y del CONICET y llevó adelante, entre 2020 y 2022, una investigación sobre la presencia de plaguicidas en diversas ciudades de la Región, más allá de campos de producción. Ese proyecto, que contó con financiación de la Unión Europea, detectó la presencia de plaguicidas en distintas matrices ambientales y biológicas tomadas en Mar del Plata, Balcarce, Necochea, Tres Arroyos y Tandil.
El estudio encontró entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, de 6 a 13 en orina, hasta 18 en materia fecal y entre 7 y 53 en el aire respirado, incluso en personas que viven lejos de las fumigaciones, y también en alimentos, polvo del hogar, granos, animales, suelos y agua.
Sin embargo, en 2023, cuando debían difundirse los resultados, el INTA ordenó a Aparicio detener la investigación, no comunicar las conclusiones e, incluso, le inició a la investigadora un sumario que amenaza con impedirle continuar de por vida con su tarea, tanto en el organismo como en el CONICET.
Ahora, el sumario avanza hacia la exoneración de Aparicio por perjuicio económico al INTA a pesar de que la financiación del proyecto SPRINT está a cargo de la Unión Europea, tal como se señala en la web oficial del Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo de la Unión Europea (hacer click aquí).
Organizaciones de pueblos fumigados, asambleas ambientales y entidades vinculadas a la defensa de la investigación científica así como la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) impulsan actualmente una campaña para reclamar la no exoneración de la investigadora, así como la necesidad de divulgar y concientizar sobre la importancia de los datos obtenidos, que muestran serios riesgos para la salud de los habitantes de la Región.
El dossier difundido sobre este tema puede leerse completo haciendo click aquí.
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