La Justicia bonaerense suspendió este viernes 18 de septiembre de 2026 los efectos de la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que había dispuesto una actualización de las tarifas de energía eléctrica y alcanzaba, entre otros, a los usuarios de EDEA de la Costa Atlántica.
La decisión fue adoptada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Leopoldo Agustín López, luego de una presentación realizada por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.
La medida tiene especial impacto en el Partido de La Costa y buena parte de la Región, ya que EDEA es la distribuidora que presta el servicio eléctrico en gran parte del corredor atlántico bonaerense. La Resolución 585/2026 había establecido nuevos cuadros tarifarios para EDEA, además de EDEN, EDES y EDELAP.
QUÉ RESOLVIÓ LA JUSTICIA
El Defensor del Pueblo había solicitado como medida cautelar que se suspendieran los efectos de la resolución y que las distribuidoras volvieran a aplicar el cuadro tarifario anterior mientras se resolvía la cuestión de fondo.
El planteo cuestionó particularmente la actualización de los costos propios de distribución —el denominado Valor Agregado de Distribución (VAD)— y sostuvo que no había existido una audiencia pública previa que permitiera la participación de los usuarios antes de adoptar la decisión.
La Provincia, por su parte, defendió la actualización y argumentó que los incrementos del VAD realizados durante la denominada Etapa de Transición Tarifaria se encuentran dentro de un esquema iniciado luego de la emergencia energética y económica y mientras continúa el proceso de Revisión Tarifaria Integral.
Además, señaló que anteriormente se habían realizado audiencias públicas dentro del proceso tarifario y que los incrementos otorgados hasta ahora se encontraban por debajo de la fórmula de ajuste prevista en el marco regulatorio.
Sin embargo, el juez consideró que existían elementos suficientes para conceder la protección cautelar solicitada mientras se analiza la cuestión de fondo.
LA FALTA DE AUDIENCIA PÚBLICA, EN EL CENTRO DE LA DISCUSIÓN
Uno de los puntos centrales de la resolución judicial es la participación de los usuarios en la definición de las tarifas de los servicios públicos.
La demanda presentada por la Defensoría cuestionó que los cuadros tarifarios aprobados por la Resolución 585/2026 actualizaran los costos propios de distribución desde el 1° de agosto sin un nuevo espacio de información e intercambio con los distintos sectores de la sociedad civil.
El expediente también pone el foco en el tiempo transcurrido desde las últimas audiencias públicas mencionadas por las partes: las citadas en la causa corresponden a diciembre de 2016, realizadas en Olavarría y La Plata.
La discusión judicial no alcanza solamente a EDEA. La medida comprende también a EDELAP, EDEN y EDES, las cuatro grandes distribuidoras provinciales.
QUÉ PASA AHORA CON LAS TARIFAS DE EDEA
La decisión judicial tiene carácter cautelar. Esto significa que no resuelve todavía la cuestión de fondo ni determina definitivamente la validez o invalidez de la Resolución 585/2026, sino que suspende sus efectos mientras continúa el proceso.
En términos prácticos, la resolución dispone restablecer la aplicación del cuadro tarifario anterior y evitar innovaciones que puedan afectar a los usuarios mientras se sustancia la causa.
La medida adquiere particular relevancia en la Costa Atlántica en medio de los reclamos que durante las últimas semanas realizaron vecinos por el valor de las facturas eléctricas.
La Resolución 585/2026 había incorporado, además de las modificaciones provenientes del precio mayorista nacional de la energía, actualizaciones de componentes provinciales vinculados con los costos de distribución. El cuadro alcanzaba a usuarios residenciales, comercios, industrias y otras categorías abastecidas por las distribuidoras provinciales.
La causa continuará ahora su trámite para determinar la cuestión de fondo. Mientras tanto, la cautelar representa un cambio concreto sobre el esquema tarifario que se venía aplicando y abre un nuevo capítulo en la discusión por el precio de la electricidad en la provincia de Buenos Aires.
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