Luego de que se registraran centenares de amenazas a escuelas de la provincia de Buenos Aires, los ministros de Justicia y Seguridad bonaerenses presentaron una denuncia para que se investigue a una supuesta organización detrás de los mensajes intimidatorios. Un camino similar tomaron los gobiernos de las provincias de Santa Fe y Córdoba.
Según publicó la Agencia DIB, desde la administración de Axel Kiciloff creen que las más de 600 amenazas registradas en escuelas de distintos puntos del territorio fueron organizadas por una “estructura delictiva”.
Por eso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, en articulación con el ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso, presentaron una denuncia ante la Procuración General bonaerense, en la que solicitaron la apertura de una investigación para identificar a los responsables de la organización, promoción e instigación de los mensajes.
Si bien la múltiples denuncias registradas en establecimiento educativos ya están siendo investigadas en los distintos Departamentos Judiciales, los funcionarios provinciales indicaron que su presentación apunta a “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares de nuestra Provincia”.
Por su parte, el gobierno de Santa Fe comenzó a notificar y ejecutar demandas civiles contra los familiares de los niños o adolescentes responsables de realizar falsas amenazas en escuelas, una medida que busca el resarcimiento económico por los altos costos operativos de los despliegues de seguridad y emergencias. Ya hay 15 expedientes iniciados para instituciones educativas de Rosario, de la capital provincial y de otras localidades que se suman a la demanda millonaria difundida ayer dirigida a los padres de un alumno santafesino involucrado en un hecho de este tipo.
De la misma manera, el gobierno de Córdoba oficializó el cobro de los operativos que se realicen por las amenazas escolares. Los padres o tutores de quienes las hagan tendrán que pagar multas determinadas por las autoridades provinciales que podrían superar los cuatrocientos millones de pesos.
10 de septiembre. La propuesta se desarrollará el viernes 11 y sábado 12 y contempla beneficios en alfajores y chocolates artesanales, cerámica de autor, cervezas artesanales, licores y destilados y pastas frescas y tapas.
10 de septiembre. En el primer día del proceso judicial que busca establecer su responsabilidad en los asesinatos de su padre, su hermano y su madrastra, declararon familiares de las víctimas del ex agente dolorense de La Policía Bonaerense.
10 de septiembre. Los disturbios fueron protagonizados por integrantes de una familia, reconocida por su actividad delictiva, según medios locales, a raíz de una supuesta demora en el traslado de una persona que estaba internada.
09 de septiembre. Es para refinanciar deudas derivadas de préstamos personales o tarjetas de crédito. De acuerdo con los últimos datos oficiales, un cuarto de los deudores (26,1%) está en mora y el monto de las deudas en situación irregular llega al 17,5% del total prestado.
09 de septiembre. El procedimiento, en el que además se incautaron 8 municiones calibre 22, se realizó en el marco de una investigación que también incluye amenazas y desobediencia a una medida cautelar vigente.
08 de septiembre. Lanzará una consulta pública para analizar la factibilidad del segundo proyecto de este tipo en territorio bonaerense, que tiene por objetivo desarrollar el buceo deportivo y las actividades recreativas. Estará ubicado a 6,5 millas náuticas del Faro.
08 de septiembre. La víctima fatal, que tenía 70 años y falleció en el acto, circulaba en un VW Gol que fue impactado en el lateral por una camioneta Toyota Hilux 4x4 frente a la VTV de Batán.
08 de septiembre. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Mar del Plata encontró culpable a Héctor Ricardo Monteros, uno de los líderes de la organización dedicada a amenazar a posibles compradores en remates judiciales para quedarse con los bienes subastados a un precio considerablemente menor.