Luego de que se registraran centenares de amenazas a escuelas de la provincia de Buenos Aires, los ministros de Justicia y Seguridad bonaerenses presentaron una denuncia para que se investigue a una supuesta organización detrás de los mensajes intimidatorios. Un camino similar tomaron los gobiernos de las provincias de Santa Fe y Córdoba.
Según publicó la Agencia DIB, desde la administración de Axel Kiciloff creen que las más de 600 amenazas registradas en escuelas de distintos puntos del territorio fueron organizadas por una “estructura delictiva”.
Por eso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, en articulación con el ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso, presentaron una denuncia ante la Procuración General bonaerense, en la que solicitaron la apertura de una investigación para identificar a los responsables de la organización, promoción e instigación de los mensajes.
Si bien la múltiples denuncias registradas en establecimiento educativos ya están siendo investigadas en los distintos Departamentos Judiciales, los funcionarios provinciales indicaron que su presentación apunta a “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares de nuestra Provincia”.
Por su parte, el gobierno de Santa Fe comenzó a notificar y ejecutar demandas civiles contra los familiares de los niños o adolescentes responsables de realizar falsas amenazas en escuelas, una medida que busca el resarcimiento económico por los altos costos operativos de los despliegues de seguridad y emergencias. Ya hay 15 expedientes iniciados para instituciones educativas de Rosario, de la capital provincial y de otras localidades que se suman a la demanda millonaria difundida ayer dirigida a los padres de un alumno santafesino involucrado en un hecho de este tipo.
De la misma manera, el gobierno de Córdoba oficializó el cobro de los operativos que se realicen por las amenazas escolares. Los padres o tutores de quienes las hagan tendrán que pagar multas determinadas por las autoridades provinciales que podrían superar los cuatrocientos millones de pesos.
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27 de julio. La menor fue trasladada al Hospital Municipal sin signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no logró revertir el cuadro. La Justicia ordenó una autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.
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27 de julio. Santiago Duca, mecánico de 35 años, sufrió un fatal accidente mientras probaba el vehículo que había preparado para un cliente y falleció cuando era trasladado al hospital con lesiones gravísimas. Según los investigadores, superaba los 120 km/h cuando perdió el control del jeep.
26 de julio. Lucas Ruiz, relató los maltratos que sufrió durante su infancia y cuestionó el sistema de revinculación familiar.
26 de julio. Los haberes incorporan la actualización mensual por movilidad y mantienen el bono para quienes perciben ingresos más bajos.