Luego de que se registraran centenares de amenazas a escuelas de la provincia de Buenos Aires, los ministros de Justicia y Seguridad bonaerenses presentaron una denuncia para que se investigue a una supuesta organización detrás de los mensajes intimidatorios. Un camino similar tomaron los gobiernos de las provincias de Santa Fe y Córdoba.
Según publicó la Agencia DIB, desde la administración de Axel Kiciloff creen que las más de 600 amenazas registradas en escuelas de distintos puntos del territorio fueron organizadas por una “estructura delictiva”.
Por eso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, en articulación con el ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso, presentaron una denuncia ante la Procuración General bonaerense, en la que solicitaron la apertura de una investigación para identificar a los responsables de la organización, promoción e instigación de los mensajes.
Si bien la múltiples denuncias registradas en establecimiento educativos ya están siendo investigadas en los distintos Departamentos Judiciales, los funcionarios provinciales indicaron que su presentación apunta a “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares de nuestra Provincia”.
Por su parte, el gobierno de Santa Fe comenzó a notificar y ejecutar demandas civiles contra los familiares de los niños o adolescentes responsables de realizar falsas amenazas en escuelas, una medida que busca el resarcimiento económico por los altos costos operativos de los despliegues de seguridad y emergencias. Ya hay 15 expedientes iniciados para instituciones educativas de Rosario, de la capital provincial y de otras localidades que se suman a la demanda millonaria difundida ayer dirigida a los padres de un alumno santafesino involucrado en un hecho de este tipo.
De la misma manera, el gobierno de Córdoba oficializó el cobro de los operativos que se realicen por las amenazas escolares. Los padres o tutores de quienes las hagan tendrán que pagar multas determinadas por las autoridades provinciales que podrían superar los cuatrocientos millones de pesos.
12 de junio. En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial puso en marcha una línea de WhatsApp para reportar hechos de violencia vial en todo el país.
12 de junio. La madre lo trasladó hasta un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde ingresó inconsciente y con escasos signos vitales. De inmediato lo llevaron al Hospital Materno Infantil, donde se confirmó su fallecimiento. Investigan qué ocurrió y esperan el resultado de la autopsia.
12 de junio. La iniciativa, al que ya se sumaron una buena cantidad de vecinos, opera mediante una moneda social virtual denominada “Bienes” y busca fortalecer las redes comunitarias, como sucediera en la crisis de 2001 con los mercados de trueque.
12 de junio. La seccional marplatense de UTHGRA indicó que en los últimos 60 días cerraron o anunciaron que lo harán “unos 40 cafés, restaurantes y hoteles” y que "hay más de 400 trabajadores afectados". El secretario de la AEHG pinamarense señaló que “el problema principal está en la pérdida de poder adquisitivo de la clase media y media alta”.
12 de junio. Ricardo “Riki” Puenzo, porque se había dispuesto una recompensa de 30 millones de pesos, tenía en su poder una pistola semiautomática; 105 proyectiles; 7 teléfonos celulares y 8 documentos de identidad (5 masculinos y 3 femeninos), entre otros elementos.
11 de junio. En un sentido mensaje de agradecimiento a todos los que rezaron o hicieron fuerza por su recuperación sus padres contaron que “estamos sacando pausa de nuestras vidas, pero de a poco”. “Leo” había sufrido un grave accidente de tránsito a fines de abril pasado.
11 de junio. El Grupo IRSA invirtió más de 20 millones de dólares para concretar un viejo anhelo corporativo y oficializó su llegada a la principal ciudad de la Costa Atlántica. Sus directivos prometen modernizar la propuesta de marcas y servicios, sin alterar la identidad histórica del edificio.