La Justicia decretó la quiebra de Lácteos Conosur SA, firma que controlaba la tradicional planta láctea La Suipachense, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha. La medida fue dictada por el juez Leandro Julio Enríquez, del Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Mercedes, quien dispuso abrir directamente la etapa de liquidación, poniendo fin a un proceso que se había iniciado meses atrás bajo concurso preventivo, según dio a conocer el gremio lechero Atilra.
Luego de haber intimado a la empresa a que presenta un plan de acción a fines de octubre, tras tres meses de parálisis de sus actividades y a pedido de un abogado vinculado al gremio Atilra, la justicia en lo comercial de Mercedes decretó la quiebra de Conosur SA, que según indicó el portal especializado Bichos de Campo sería una pantalla legal del grupo lácteo Maralac, el que a su vez manejaba desde 2012 La Suipachense, de la cual dependían 140 trabajadores de Suipacha y alrededores.
A partir de este fallo del juez Leandro Julio Enriquez , el supuesto dueño de Conosur SA, el empresario venezolano Jorge Luis Borges León, perdió el control de la empresa y quedó inhibido de realizar movimientos con el capital y los bienes de dicha firma, y debe pedir permiso a la justicia para su eventual salida del país. Los trabajadores, desde hace varias semanas, vienen denunciando “un vaciamiento”.
La Suipachense entró en la recta final de su larga crisis a principios de septiembre pasado, cuando la dirección echó primero a 9 trabajadores administrativos y amenazó con despedir a otros 60 empleados más. En ese momento se detuvo la actividad de la fábrica y los 140 empleados de la misma salieron a manifestarse junto a los vecinos de Suipacha, primero, y de la vecina Chivilcoy, ya que la planta era una fuente de empleo de suma importancia para esa región.
En este contexto, la quiebra formal de Conosur SA fue solicitada el 27 de octubre pasado por el abogado Julián Coronel, históricamente ligado al gremio lechero, pero como apoderado también de Watt’s, una de las firmas acreedoras. Para ese momento, la planta láctea llevaba tres meses de inactividad y sus empleados habían armado un campamento a las puertas del establecimiento, reclamando por una definición.
Al momento de pedirse la quiebra, la firma adeuda parte de la segunda cuota del acuerdo homologado, la totalidad de la tercera, la cuarta y la quinta cuota. Todo ello por un total de 293.857 dólares, precisó el fallo judicial. Frente a la intimación, además, “la concursada, sin perjuicio del Plan de Acción denunciado, en lo que respecta estrictamente a la intimación, ha guardado silencio”.
El “Plan de Acción” mencionado, había sido presentado por la firma de capitales venezolanos el pasado 4 de noviembre, consignó Bichos de Campo, pero “dicho plan no ha recibido favorable acogida por parte de la Sindicatura ni de los acreedores”, se estableció. El representante legal Julián Coronel pidió la quiebra este lunes 10, siendo concedida de inmediato por la justicia. Coronel había catalogado como “burla” hacia todos los acreedores el plan de acción en cuestión.
“La empresa cuya quiebra se solicita se encuentra con un cese en su producción desde hace aproximadamente 3 meses, circunstancia que no sólo se encuentra denunciada en el expediente sino que es pública y notoria, resultando de ello la delicada y grave situación de los trabajadores a cargo de la empresa, con la consiguiente nula generación de ingresos de la concursada, hecho que además complejiza al extremo el restablecimiento de su puesta en funciones denunciadas en el plan de acción”, contextualiza el fallo judicial.
De un informe de la Sindicatura fechado al 24 de octubre surge que además La Suipachense había acumulado una deuda postconcursal por cheques rechazados de 8.458 millones de pesos, que se sumaría a otros 1.000 millones de pesos por deuda devengada con posterioridad al concurso reclamada por el gremio y su obra social por aportes no realizados.
Por eso, la jueza decidió “declarar en estado de quiebra a la empresa Lácteos Conosur SA (Cuit 30-68714743-6)”, y ordenó que “se libre oficio al BCRA para que tome nota del decreto de quiebra y lo comunique a todas las instituciones financieras y proveedores de servicios de pago del país”, para que eventualmente bloqueen el acceso de los dueños de la empresa a sus cuentas o cajas de seguridad.
En el dictamen también se decidió pedir a las autoridades migratorias la necesidad de autorización judicial expresa para salir del país del presidente de la firma, el mencionado Borges León. A este empresario de origen venezolano que hace ya varios años desembarcó en La Suipachense se le pidió además que entregue “las llaves del establecimiento y/o claves de acceso digital en caso de que las hubiera”.
Ahora, con la quiebra decretada, la justicia fijó fecha hasta el 10 de febrero de 2026 para que los acreedores se presenten a verificar sus créditos. Luego, el 14 de mayo del próximo año, se presentará un informe general sobre el estado de la compañía.
Con más de 70 años de historia, La Suipachense llegó a procesar unos 250.000 litros diarios de leche, siendo uno de los principales motores económicos de Suipacha y su zona de influencia. La planta era reconocida por su producción de quesos y dulce de leche, con presencia en todo el país.
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