Una ciudadana boliviana de 63 años y con pedido de captura internacional en la Argentina, fue extraditada desde Bolivia hacia nuestro país acusada de estafa al haber realizado una falsa operación sobre terrenos en la localidad de Mar del Tuyú, en el Partido de La Costa, en 2016 junto con otras dos mujeres, una escribana pública y otra mujer que se presentó falsamente como apoderada.
Según los informes de la Policía Federal Argentina (PFA), la operación consistió en una escritura apócrifa ante el Registro Nº 9 de San Bernardo, donde se utilizó un poder general falso para transferir la titularidad de tres lotes a nombre de la acusada. Con ese documento trucho, la escribana consiguió inscribir los terrenos en el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, logrando que la mujer figurara como legítima dueña.
Lo más grave fue que un funcionario del registro omitió revisar la documentación, lo que facilitó que la estafa pasara desapercibida, según informó el portal Infocielo. Esa omisión derivó en la imputación por “estafa en concurso real con falsificación ideológica y material agravada de instrumento público”.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías Nº 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Luis Silva Pelossi, ordenó la difusión de una alerta roja de Interpol para dar con la prófuga. Las pesquisas posteriores determinaron que la mujer había salido del país en octubre de 2018 por el paso fronterizo Salvador Mazza – Yacuiba, rumbo a Bolivia.
Durante años, el rastro fue esquivo. Pero gracias a un trabajo conjunto entre la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA y la Oficina Central Nacional La Paz – Bolivia, se logró ubicarla. La detención preventiva con fines de extradición fue autorizada recién en mayo de este año, tras un largo trámite judicial.
En agosto, las autoridades bolivianas notificaron que la acusada estaba lista para ser trasladada. Finalmente, en los últimos días, la División Unidad Operativa Federal Salvador Mazza de la PFA concretó la extradición por el paso fronterizo con Yacuiba, cumpliendo así un proceso que tardó casi una década. Por lo tanto, la mujer ya se encuentra a disposición del tribunal de la provincia de Buenos Aires que la requería.
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