El gobierno de Javier Milei promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero suspendió su aplicación hasta que el Poder Legislativo defina cómo se financiarán los gastos y contemple las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional.
Tras el rechazo al veto de Milei que ratificó el Congreso, la gestión libertaria promulgó la ley aunque tal como había adelantado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ejecución se postergará hasta que Diputados y Senadores determinen las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026. La medida se oficializó mediante la publicación del Decreto 681/2025 en el Boletín Oficial.
Entre los ejes centrales de la Ley 27.793 figuran la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la declaración de interés público nacional de los servicios de los prestadores, la compensación de emergencia financiada por el Tesoro, la actualización de aranceles con la misma fórmula de movilidad que rige para jubilaciones y la introducción de exenciones en las contribuciones patronales durante tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad en forma permanente.
El Decreto 681/2025 destacó que la insistencia del Congreso con dos tercios en ambas cámaras obligó al Ejecutivo a promulgar la ley, pese al veto total que había dispuesto previamente mediante el Decreto 534/25. No obstante, indicó que su aplicación solo será posible una vez que se aprueben las partidas en el presupuesto nacional, cuyo proyecto para 2026 ya fue enviado al Congreso el pasado 15 de septiembre.
En ese sentido, se estima que la creación de la nueva pensión implicará un gasto de $2.166.985.900.000 para el ejercicio 2025, equivalente al 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI), y un gasto adicional de $4.706.628.500.000 para 2026, lo que representa el 0,47 % del PBI, según consignó la Agencia DIB.
A esto se suma el costo para el “Programa Incluir Salud”, que otorga cobertura médica a los titulares de pensiones no contributivas, con un gasto adicional de $574.200.000.000 para 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 para 2026 (0,12 % del PBI). La compensación económica de emergencia para prestadores se calcula en $278.323.000.000 (0,03 % del PBI). En total, la implementación de la ley demandaría un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del PBI.
El Congreso de la Nación, según el Ejecutivo, “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley 27.793 suponen para el Estado Nacional”. El texto agrega que la facultad otorgada al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias “no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”.
El texto oficial subraya que el presupuesto vigente de la Administración Nacional “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. Incluso si se destinaran todas las partidas disponibles del presupuesto de los tres poderes del Estado al cumplimiento de la ley, “ello resultaría igualmente insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”. El crédito presupuestario disponible, sin afectar partidas de servicios sociales, asciende a $2.302.526.621.430, cifra que no cubre el costo total estimado de la reforma.
“Para cumplir con la ejecución de la Ley 27.793 sería ineludible disponer un aumento total del monto del presupuesto, el que solo puede ser autorizado por el Congreso Nacional”, señala el texto.
Desde el Foro Permanente Discapacidad manifestaron un “profundo descontento con un gobierno que continúa desoyendo a una sociedad que le marcó los límites en materia de derechos humanos básicos” e instaron a que el Poder Ejecutivo revea “de manera urgente esta situación” al tiempo que expresó su “preocupación ante la crueldad con la que se gobierna, mientras miles de personas con discapacidad siguen esperando respuestas concretas”.
Para la SIDE sí hay plata
Mientras el gobierno nacional busca excusas para no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, el gasto proyectado para la SIDE en 2026 supera por $ 37.000 millones al que se le asignará a los comedores y merenderos comunitarios, que el año entrante contarán con $ 67.104 millones. Y aunque el gobierno reconoció –en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública presentada por la diputada Natalia Zaracho (de Unión por la Patria)– que las supuestas auditorías por las cuales se les quitó la asistencia a algunos de ellos “son inexistentes”, el presupuesto asignado a comedores y merenderos decrecerá para 2026: para septiembre de 2025 asciende a los $ 79.700 millones ($ 12.596 más que lo que se destinará en 2026).
En cambio, el proyecto del Ejecutivo para 2026 prevé un incremento del 20,1% de los recursos asignados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que pasarán de los $ 80.872 millones actuales a los $ 97.135 millones. De esos $ 16.263 millones que se agregan para el año que viene, $ 5.666 millones se destinarán a gastos reservados, lo que implica un aumento del 42% en este ítem. Para tomar dimensión del crecimiento del dinero destinado a estas erogaciones que no rinden cuentas, basta decir que pasaron de representar el 4,1% del presupuesto para el organismo en 2023 al 19,6% en el presupuesto previsto para 2026. En términos nominales la variación durante la actual gestión es de 2.838%.
Para el pago de personal, la SIDE tendrá en 2026 un 35% más que en 2025. El aumento en este caso será de $14.629 millones, $ 2.000 millones más que los que se redujeron en comedores. En resumen, por mes, en pago de salarios y complementos, la Secretaría de Inteligencia podría gastar, según el presupuesto, $ 4.322 millones, según informó Perfil.
Por otro lado, el monto consignado a bienes de uso (maquinaria y equipo, libros y revistas) crecerá un $ 2.000 millones y el de bienes de consumo (papel, cartón y otros materiales) bajará en $ 3.500 millones.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en términos reales –es decir, si se miden estos datos teniendo en cuenta la inflación– el presupuesto destinado a comedores y merenderos caerá en 2026 un 45% respecto a 2023, mientras el de la Secretaría de Inteligencia crecerá un 18,8%.
De los organismos y programas seleccionados para la elaboración de este estudio, los descensos presupuestarios más importantes respecto a 2023 se dan en asistencia financiera a provincias y municipios (-99,9%), asignaciones familiares (-87,5%), becas estudiantiles (-76,3%) e incluso en el Ministerio de Salud, con una caída del 32% respecto a 2023, pese a los anuncios del Presidente sobre el incremento otorgado para 2026.
El informe explica además lo que podría pasar con las partidas si la recaudación mejora en relación a lo proyectado: en ese caso, aclaran, se bajan los impuestos. Pero, si cae la economía y se recauda menos de lo previsto, “se ajustan las partidas de gasto discrecional”. Algo que ya pasó cuatro veces, aunque sin presupuesto aprobado, durante 2025. “Este gasto incluye, por ejemplo, salud y educación”.
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